Excontratista de la Gobernación del Tolima a juicio por falsedad en documento público
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Un excontratista de la Gobernación del Tolima tendrá que responder ante la Justicia por haber, presuntamente, falsificado documentos para recibir un contrato de $9.216.000 en la Secretaría de Salud Departamental, en el año 2016.
Según la fiscalía 14 seccional, Alejandro Manuel Sánchez Martínez aportó una tarjeta profesional y un acta de grado como Ingeniero Industrial aparentemente irregulares, con los cuales accedió a su vinculación a dicha dependencia.
La misión de Sánchez era muy importante para la salud de los tolimenses. Según el objeto del contrato, su obligación era: “Aplicar los sistemas de gestión de calidad en apoyo al proceso de documentación según la norma ISO 9001, 17025, 18000 y 14000, con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades requeridas para la acreditación del laboratorio de Salud Pública del departamento del Tolima”.
Después de conocerse la denuncia, la fiscalía pudo establecer que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Afines (Copnia) certificó que la Tarjera Profesional que presentó el supuesto ingeniero Alejandro Manuel Sánchez en realidad le pertenecía a Pedro Alejando Alomia Flórez.
Asimismo, la Universidad Autónoma de Occidente, aseguró el procesado no era egresado del programa de Ingeniería Industrial y que simplemente cursó unos semestres de Ingeniería Mecánica, entre los años 1994 y 2004, sin acceder al título.
Con estas evidencias, la fiscalía le propuso un preacuerdo para que aceptara los presuntos delitos de falsedad en documento privado y falsedad en documento público agravado, para que obtuviera una rebaja en la pena, pero Sánchez no aceptó.
Por esa razón, ahora la fiscal del caso presentará escrito de acusación en su contra ante un Juzgado de Ibagué.
EL OLFATO pudo establecer que Alejandro Manuel Sánchez Martínez, de 47 años, ya no está vinculado a la Secretaría de Salud del Tolima.
Según el Código Penal, este excontratista enfrentaría una condena de hasta nueve años de cárcel por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad en documento público agravado.
