Estos son los 10 exjefes de las Farc imputados por años de secuestro y desaparición en el Tolima

La JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra como el secuestro y la desaparición forzada en el Tolima y demás zonas del Quindío y Huila.

De acuerdo con la jurisdicción especial, esta es la segunda imputación, y la primera regional, que se realiza del Caso 01 y que toca fibras en el Tolima.

Los imputados por la Sala de Reconocimiento son Luis Eduardo Rayo, conocido como Marlon; Enoc Capera Trujillo, Giovanni; Jhon Jairo Oliveros Grisale, Armando Pipas; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gonzalo; Édgar Ramírez Medina, Onofre Camargo; Víctor Hugo Silva, Erick; Raúl Agudelo Medina, Olivo Saldaña y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como Teófilo. 

La JEP determinó que estos fueron los máximos responsables por su liderazgo, puesto que ostentaron el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías.

En el Tolima, el secuestro que estos cometían tenían tres principales objetivos: financiar la organización, forzar el intercambio por guerrilleros presos y contribuir a mantener el control territorial.

Hechos y conductas

 El Comando Conjunto aglutinaba los Frentes 21, 25, 17, 50, Frente Joselo Losada y Frente Tulio Varón, las Columnas Móviles Héroes de Marquetalia, Daniel Aldana, y Jacobo Prías Alape, así como varias compañías y comisiones especializadas, las cuales operaban en el departamento del Tolima y en el norte del Huila, y en su máxima expansión en municipios colindantes al Quindío y Cundinamarca.

A lo largo de todos los años de su historia, se les señala de haber dejado 111 víctimas de secuestro, de los cuales, el 87% sucedieron en el Tolima.

“La mayor cantidad de víctimas fueron secuestradas por el Frente 21, que controlaba el Cañón de las Hermosas en el suroccidente del Tolima. Este frente fue el responsable del 38% de los secuestros cometidos por el Comando Conjunto Central”, mencionó la JEP.

Fuera de una breve bonanza de la amapola a principios de los noventa, el Comando Conjunto no tuvo otras fuentes de financiación que el dinero obtenido de las empresas legales y personas particulares en su territorio. 

Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y los secuestros buscaban sostener la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al Secretariado.

“La mayoría de los secuestros con fines económicos fueron reportados en los municipios de Murillo, Ortega y Venadillo. También se secuestró a personas que procedían de Bogotá, Ibagué y Neiva y que viajaban con frecuencia a fincas de descanso en Tolima”, mencionaron.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Como parte del trámite judicial y su obligación de aportar verdad y de reparar a las víctimas, la JEP espera la ampliación de la información entregada por los comparecientes frente a hechos concretos, como entregar detalles de personas que habrían sido secuestradas y luego desaparecidas. 

Los 10 comparecientes imputados tienen 30 días hábiles para entregar información ante la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas.

“Además, se fijó un término de 30 días para que los comparecientes reconozcan o no su responsabilidad en los hechos e identifiquen la participación de las milicias en la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad”, puntualizaron.

Así pues, quienes reconozcan su responsabilidad podrían recibir una sanción propia y quienes no, su proceso será remitido a la UIA para que inicie un juicio donde podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.