El cerebro detrás del escándalo del IGAC sería un contratista del mismo Instituto

La Fiscalía 27 de la unidad de delitos contra la Administración reveló quién era el cerebro de la organización criminal encargada de favorecer a privados y particulares con temas de predios en el Tolima y que atentaban contra el medioambiente.

Según el ente acusador, quien dirigía desde hace más de dos años la denominada organización 'El Instituto' es el ibaguereño y contratista del Instituto Agustín Codazzi, Luis Carlos López Guevara, quien ingresó a la entidad en 2004 como reconocedor catastral y ejercía funciones como avaluador.

"Se ha podido establecer que dichas personas que conforman esta organización han venido a través del tiempo desempeñando y cumpliendo roles dentro de la misma para cometer delitos contra la administración pública, seguridad pública, contra la protección de la información y de los datos, y en contra de los recursos naturales, determinándose que la cabeza de dicha organización es el señor Luis Carlos López Guevara, quien en su calidad de servidor público, desde hace más de dos años ha venido actuando", precisó la Fiscal del proceso.

Acto seguido, la Fiscalía expuso que el director territorial del IGAC, Mauricio Fernando Mora, era quien daba las órdenes para que se le diera prioridad a los casos y trámites que requería López Guevara, el cerebro detrás de la operación.

"Este grupo fue denominado como los de 'El Instituto', conformado especialmente por servidores públicos del IGAC, quienes actuaban con el consentimiento de Mauricio Fernando Mora Bonilla, quien en su calidad de director territorial del IGAC, cumple un rol importante del actuar presuntamente delictual de la organización, en tanto que bajo su amparo y su calidad de jefe se encargaba de dar órdenes para imprimir agilidad a casos, especialmente, los que presentara Luis Carlos López Guevara o de los que tenía conocimiento", detalló. 

Es de recordar que Mora y López Guevara son acusados de la comisión de los delitos de cohecho, concierto para delinquir y ecocidio.

En el proceso también están involucrados 22 personas, entre topógrafos, tramitadores, particulares y servidores públicos.

Las audiencias en su contra para la imposición de medida de aseguramiento continúan.