Contraloría deja en firme condena fiscal contra docente de la Universidad del Tolima

La Contraloría Departamental dejó en firme la condena fiscal en contra de Melanie Teresa Ramírez Jaramillo, docente de planta de la Universidad del Tolima, y del exjefe jurídico Alfonso Andrés Covaleda Salas por un monto de $363.333.889.

La UT celebró, el 14 de enero de 2008, un contrato con Ramírez Jaramillo para efectuar estudios de doctorado en la University Collage London, para lo cual giró a la docente $453.935.126.

En el contrato se estableció que una vez culminados sus estudios, esta debería presentar, al año siguiente, el acta de grado, lo cual incumplió.

Ramírez culminó la comisión de estudios el 13 de enero de 2012 y se vinculó como docente de tiempo completo al alma máter sin que hiciera entrega del título de posgrado. Y a pesar que un año antes expuso la imposibilidad de culminar su tesis en el tiempo establecido, según el ente de control, nueve años después no había hecho entrega del acta de grado.

En cuanto a la responsabilidad de la Universidad del Tolima, se agrega que, solo cuatro años después del hecho (2018), inició el proceso de cobro coactivo contra la docente, logrando recuperar con corte a marzo de este año cerca de $36.204.000.

Respecto a Covaleda, se le reprochó el haber dejado que prescribiera la acción para hacer el cobro vía judicial.

"No se acreditó que el asesor jurídico, en el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2013, al 12 de enero de 2016, iniciara las acciones judiciales pertinentes, encaminadas a obtener el pago de los dineros adeudados por la señora Melanie Teresa Ramírez Jaramillo, en su calidad de becaria incumplida, no solo contra esta última, sino contra los deudores solidarios, lo cual generó que operara la prescripción de la acción cambiaria, ocasionando de esta manera el detrimento al patrimonio público", sentenció la Contraloría.

Ramírez Jaramillo firmó un acuerdo de pago con la Universidad del Tolima, pero a marzo de este año, no había suscrito las garantías exigidas por la Oficina de Contratación de la entidad para la legalización del documento.