Confirman siete años de prisión contra exalcalde de Prado
Álvaro González Murillo fue hallado responsable de graves irregularidades en la contratación de un puente sobre el río Negro.
Escrito por: Yeison Andrés López Castañeda
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El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena de Siete años y cuatro meses de prisión contra el exalcalde del municipio de Prado (Tolima), Álvaro González Murillo, por su responsabilidad en un entramado de corrupción relacionado con la contratación de una obra pública.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal, que ratificó en segunda instancia el fallo emitido por un juzgado de conocimiento de Purificación, y encontró a González Murillo culpable de los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos se remontan al año 2016, cuando, tras asumir la Alcaldía, el hoy condenado revocó un decreto de urgencia manifiesta expedido por la administración anterior. Esta figura jurídica había sido utilizada para contratar la construcción de un puente sobre el río Negro, en zona rural del municipio, colapsado desde hacía 15 años.
El argumento del exmandatario fue que los contratos se celebraron sin un proceso de licitación pública. Sin embargo, tres meses después, restableció la declaratoria de urgencia, pero a la vez expidió resoluciones para terminar unilateralmente los contratos, aduciendo supuesta falta de idoneidad de los contratistas, hecho que la Fiscalía demostró que era falso.
En julio de ese mismo año, González Murillo volvió a declarar la urgencia manifiesta y adjudicó nuevos contratos para la obra: uno por $2.315 millones para la construcción del puente y otro por $169 millones para la interventoría, sin que mediara convocatoria pública.
Según lo establecido en juicio, el exalcalde tampoco cumplió con los requisitos legales de planeación, ni durante la celebración ni en la ejecución del contrato. Además, remitió los documentos a la Contraloría General de la República con el fin de obtener concepto favorable sobre la urgencia manifiesta, pero el ente de control determinó que ni la declaratoria de 2015 ni la de 2016 cumplían los requisitos de legalidad.
Álvaro González Murillo fue alcalde de Prado entre 2016 y 2019. La decisión judicial ratifica su responsabilidad penal en un caso que evidencia las malas prácticas administrativas en la contratación pública local.