Condenan al Estado por muerte de un joven en medio de un procedimiento policial en Ibagué
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A través del Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué se conoció un fallo en el que se condena a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte de Jarrison Perdomo Cruz, el pasado 7 de febrero de 2015 en un sector de la capital del Tolima.
Los hechos ocurrieron entre los barrios Ricaurte y Venecia al sur de Ibagué en horas de la noche, donde estaban patrullando los policías Andrés Felipe Acosta Castellanos y Andrés Oviedo Gutiérrez.
En medio de un procedimiento policial, los uniformados habrían arremetido contra la víctima, quien recibió un impacto de arma de fuego a la altura de su abdomen el cual acabó con su vida, según la necropsia de Medicina Legal.
Estos hechos aún son materia de investigación por parte de la Fiscalía Novena Seccional de la Unidad de Vida, la cual le imputó el delito de homicidio culposo al patrullero Andrés Acosta, pues según testigos de lo ocurrido, él habría sido el responsable de accionar el arma de fuego en contra del ciudadano.
Según el testimonio del patrullero Andrés Oviedo les habían avisado sobre un grupo de personas que estarían consumiendo estupefacientes en una cancha del sector, al llegar les solicitaron retirarse del lugar, pero no acataron la orden.
Al parecer, la confrontación inició porque los civiles tenían armas blancas y en medio del altercado, resultó herido de gravedad Jarrison Perdomo, quien falleció en el hospital.
El juez declaró que, “se manifestó que, en el momento de los hechos los individuos se encontraban armados con machetes, cuchillos y piedras, los policiales no fueron atacados con armas de fuego; así como tampoco se probó que hubieran sido agredidos con ningún objeto contundente o corto punzante, pues del material probatorio allegado no se probó que lo policías reaccionaran disparando con ocasión de la gravedad del altercado que pusiera en peligro su vida”.
De esta manera, el juzgado declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, MinDefensa y Policía Nacional por la muerte de Perdomo, siendo condenados por estos hechos y deberán reconocer económicamente a la familia afectada.
Se le reconoció a la madre y padre de crianza de la víctima con 100 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), lo que equivale aproximadamente a más de $87.000.000 para cada uno. Entretanto, a cada uno de sus cuatro hermanos le correspondió 50 SMMLV, es decir, más de $43.000.000.
