Condenan a responsables de crímenes contra líderes LGBTIQ+
Las víctimas fueron asesinadas en sus propias viviendas.
Escrito por: Yeison Andrés López Castañeda
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Tres hombres fueron condenados por los homicidios de dos reconocidos líderes de la población LGBTIQ+ en el departamento de Antioquia. Las sentencias, proferidas por jueces de conocimiento tras la firma de preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, van desde los 12 hasta los 16 años y 8 meses de prisión.
Uno de los casos corresponde al crimen del profesor universitario y activista Mateo Jaramillo Naranjo, asesinado el pasado 17 de enero en el barrio Laureles, en Medellín. Según la investigación de la Unidad Especial de Investigación (UEI), Daniel González Cano y Yoimar Blandón Córdoba fueron los responsables del homicidio agravado. Ambos ingresaron a la residencia de la víctima, lo amarraron, golpearon brutalmente y lo asfixiaron. El cuerpo fue hallado al día siguiente con múltiples signos de violencia.
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Tras cometer el asesinato, los agresores huyeron con el celular, documentos y tarjetas bancarias del profesor, que luego utilizaron para realizar varias transacciones. Si bien el delito de hurto calificado fue objeto de una investigación paralela, no fue incluido en el preacuerdo, ni aceptado por los responsables.
El segundo caso se refiere al asesinato de Karis Saldarriaga, reconocida lideresa LGBTIQ+, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el municipio de Caldas (Antioquia). El agresor, Diego Alexander Becerra Rave, fue condenado a 12 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el homicidio durante la audiencia de acusación.
De acuerdo con las pruebas, Becerra Rave estuvo en la vivienda de la víctima, donde tras una discusión la atacó con arma blanca. Vecinos alertaron a la Policía por ruidos y gritos. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la activista.
Estos crímenes, que se suman a una preocupante serie de hechos violentos contra personas LGBTIQ+ en el país, han vuelto a encender las alarmas sobre el nivel de vulnerabilidad de esta población y la urgencia de medidas más contundentes de protección, prevención y justicia efectiva.