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En Colombia, el Estado es más pequeño que el territorio, y en donde empatan - el territorio y el Estado -, este último funciona de manera precaria, o débil. Más aun, no sabemos cómo funciona.
Sobre este particular se han escrito ríos de tinta. Baste ver la colección de investigaciones de Dejusticia y del CINEP sobre la sociogénesis del Estado colombiano, y su sempiterna debilidad en el nivel local.
Es esta debilidad la que han sabido capitalizar los grupos armados organizados, de izquierda y de derecha, políticos y “criminales”, que encontraron en el reemplazo de las funciones básicas del Estado, la legitimidad para poder operar.
Entrado el siglo XXI, a lo largo del país, paramilitares y guerrillas se hicieron con el control del territorio, las rentas - vía extorsión o explotación de los recursos - y establecieron el orden social a través de instituciones que determinaban lo que se podía hacer y lo que no, en aquellas zonas en donde impusieron su ley.
El Tolima no fue la excepción. En los informes de la Dirección de Acuerdos por la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre los paramilitares, se describe cómo fue el orden impuesto por el Bloque Tolima y el Frente Omar Isaza en enclaves como San Luis, Valle de San Juan, Lérida, Fresno, Marquita, entre otros municipios.
También la guerrilla de las FARC impuso su ley. Su Frente 21 llegó a tener tanto poder en el centro y sur del Tolima que era conocido por la población como la Fiscalía o el Juzgado 21.
Aunque eficiente, la justicia de los guerreros era profundamente autoritaria: era la ley del gatillo y del destierro. La apuesta de la llamada paz territorial, era precisamente que a la salida de las FARC, y sus funciones alternativas de justicia, la reemplazara el Estado. Pero eso no pasó.
Hoy, las cifras de impunidad en todo el Tolima son alarmantes. De acuerdo con el análisis que hicimos en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima, entre el 2016 y el 2019, solamente el 29% de las denuncias registradas por el delito de homicidio doloso recibieron imputación por parte de la Fiscalía. De este porcentaje, apenas el 40% de las imputaciones pasaron a etapa de condena.
En lo relacionado con el amplio abanico de los delitos sexuales, el margen de maniobra del aparato de justicia fue significativamente menor: solo el 5% de los casos tuvo como resultado una imputación por la Fiscalía, y de este porcentaje de imputaciones, apenas el 32% de los perpetradores fue sancionado por este delito.
Finalmente, en lo que se refiere al delito de violencia intrafamiliar, entre 2016 y 2019, la tasa de imputación fue apenas del 9%, y la tasa de condena o sanción del 21. (Vea Nota Regional CERE: Impunidad en el Tolima)
Es este grado de ineficiencia, pero sobre todo, la percepción de inseguridad e impunidad por parte de la población, la que lleva a que algunas personas cooperen con los grupos armados y en algunos casos, incluso demanden su presencia. Aquellos que tienen recursos, los financian, los que no, les sirven como soporte para su operación.
Y mientras las autoridades gubernamentales se quedan de brazos cruzados, los grupos armados actúan. En nuestro informe sobre los desafíos para la no repetición del conflicto armado en el sur del Tolima, evidenciamos que ante el vacío de la acción estatal, poco a poco los actores copan el territorio y van moldeando el orden.
Así que para evitar que la historia se repita, hay que hacer varias cosas.
Conjunto con concentrarse en soluciones viables al problema de la ausencia del Estado, también es importante empezar a fortalecer el Estado que sí está, el Estado realmente existente en los municipios. Este es un diagnóstico al que no se le ha prestado la suficiente atención, y que pasa por caracterizar su funcionamiento en el nivel local, entender mejor cómo opera, y cómo se coordinan el ejecutivo local con las entidades descentralizadas del orden nacional, la rama ejecutiva con la fuerza pública, etc.
Para que la población tenga una mejor percepción de las instituciones, es fundamental que éstas funcionen bien y solucionen problemas. Ya sea que se busquen fórmulas de construir estatalidad o de fortalecer la existente, es fundamental en todo caso no intentar hacer borrón y cuenta nueva de lo que han construido las comunidades, sino articular con los mecanismos de gobernanza no estatal que hoy por hoy representan alternativas a la ausencia o debilidad del Estado, en temas fundamentales como la justicia y la seguridad.
En estos dos ámbitos, consustanciales a la formación del Estado moderno, los grupos armados ilegales han sabido sacar ventaja, en función de sus ejercicios de control social y territorial. Por una parte, tal y como lo hacían las extintas FARC, las disidencias también pretenden convertirse en jueces de facto de las comunidades, arbitrando en sus conflictos de diversa naturaleza; y por otra, persistiendo en la oferta de servicios de protección, no solo contra otros grupos armados sino, a veces, frente al mismo Estado. En esas dos cuestiones, en conjunto con la capacidad de fuego y las rentas que puedan extraer de sus portafolios criminales, radica el poder de los grupos armados, especialmente con respecto a la población civil.
Sigue siendo crucial, en ese sentido, el fortalecimiento de un modelo de justicia eficaz y legítima, que vaya mucho más allá de la capacidad de lo que existe actualmente y que contribuya con soluciones viables y concretas al frustrante problema de impunidad que gobierna en el territorio.
Esta es la cuarta columna del Director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima, sobre los desafíos para la no repetición del conflicto armado en el sur del Tolima. Vea las tres anteriores acá: https://www.elolfato.com/andres-tafur-villarreal
