Presunta falsificación de documentos y otras irregularidades en contrato de la Alcaldía de Ibagué
Perfiles profesionales posiblemente alterados, cambios contractuales sospechosos y pagos irregulares salpican el contrato de mejoramiento de polideportivos.
Escrito por: Luis Eduardo González
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La contratación pública en Ibagué vuelve a quedar en entredicho con el contrato 2995, firmado el 22 de noviembre de 2023 para la supuesta mejora de polideportivos. No solo acumula demoras y prórrogas injustificadas, sino que ahora enfrenta una grave denuncia de falsificación documental. Edward Erminso Álvarez León, socio de la familia Olaguer, fue registrado como ingeniero eléctrico sin poseer el título profesional.
La licitación estipulaba que el perfil requerido debía ser ocupado por un ingeniero eléctrico, electricista, electromecánico o mecatrónico, con al menos seis años de experiencia contados a partir de la expedición de su matrícula profesional. Además, debía acreditar al menos dos contratos previos como especialista en obras relacionadas con el objeto del contrato.
Sin embargo, EL OLFATO intentó contactar al señor Álvarez León para aclarar su vinculación, pero no fue posible obtener una entrevista. Inicialmente, Álvarez aseguró que sí trabajaba para el consorcio y que su tarjeta profesional y especialización estaban activas. Luego indicó que los documentos podían ser consultados directamente en la empresa, pero posteriormente cambió su versión y afirmó no estar autorizado para conceder entrevistas.
Al consultar su cédula ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctricas, Mecánicas y Profesiones Afines, se verificó que Álvarez figura como ingeniero electrónico, no eléctrico, dos especialidades distintas. A pesar de esto, el consorcio lo presentó ante la Secretaría de Infraestructura como "ingeniero eléctrico".
EL OLFATO también intentó obtener una respuesta del secretario de Infraestructura, Jhonatan Suárez, pero tampoco fue posible conseguir una declaración oficial sobre el caso.
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Un cambio contractual hecho a la medida del contratista
Las irregularidades no terminan ahí. El 17 de marzo de 2025, la Secretaría de Infraestructura de Ibagué modificó la cláusula 6 del contrato de obra, elevando el porcentaje de pagos parciales del 90% al 95% del total, reduciendo a un mínimo el monto que quedaría pendiente para la liquidación final.
El ajuste se hizo cuando el contratista ya había cobrado el 86% del contrato, es decir, $9.963 millones. Peor aún, la interventoría y la supervisión municipal omitieron exigir el pago de $408 millones destinados a amortizar el anticipo, incumpliendo así la cláusula 6, numeral E.
Este movimiento permitió al contratista mejorar su flujo de caja y corregir los errores de la interventoría sin que la Alcaldía mostrara objeciones. Mientras tanto, el silencio de la Administración Municipal refuerza la sospecha de un favorecimiento deliberado.
Retrasos y promesas incumplidas
Inicialmente, la obra debía finalizar en mayo de 2024, pero 16 meses después y con seis prórrogas concedidas, sigue inconclusa. El plazo vence el 31 de marzo de 2025, y la comunidad sigue sin ver resultados. (Ver: Obras del parque del barrio Onzaga de Ibagué llevan varios meses de retraso)
El representante del contrato, Olaguer Agudelo, es un viejo conocido de las contrataciones fallidas en Ibagué. Su historial está marcado por incumplimientos, siendo el fracasado puente de la 60 su mayor antecedente. En ese proyecto también logró obtener prórrogas sin entregar la obra, utilizando argumentos similares a los empleados en este nuevo contrato.
La intervención de la Procuraduría y la desinformación oficial
El caso escaló en enero de 2025 cuando la Procuraduría General de la Nación, basándose en información errónea proporcionada por la Alcaldía, aseguró que la obra ya había sido terminada. Sin embargo, una investigación reveló que el proyecto seguía inconcluso, lo que derivó en la apertura de un proceso disciplinario contra funcionarios locales. (Ver: Oso: Procuraduría asegura que obra inconclusa de Ibagué ya está terminada)
La sombra del puente “fantasma” de la calle 60
Las coincidencias con el escándalo del puente de la 60 son innegables. En ese contrato también se modificaron las condiciones de pago en beneficio del interventor Juan Carlos Salazar, permitiéndole cobrar $1.928 millones sin que la obra se ejecutara. (Ver: No hubo puente de la 60, pero la interventoría se embolsilló casi $2.000 millones)
Inicialmente, la cláusula del contrato estipulaba que la interventoría recibiría pagos según el avance de la obra. Sin embargo, en septiembre del año pasado, cuando ya era evidente que la construcción no se llevaría a cabo, la exsecretaria de Infraestructura Sharon Guzmán aprobó una modificación que permitió a la interventoría seguir cobrando sin sustento técnico.
De no haberse realizado ese cambio, el consorcio Conexión Vial 60 habría recibido, en el mejor de los casos, $150 millones, considerando que la obra apenas registró un 5% de avance. Pero ni siquiera esa cifra está clara, ya que la propia interventoría desmintió haber avalado dicho porcentaje.
Una administración permisiva y un futuro incierto
El 31 de marzo de 2025 será una fecha clave: o la obra continúa paralizada y se concede una nueva prórroga, o la crisis contractual se profundiza aún más. Mientras tanto, la comunidad sigue esperando respuestas. Y sobre todo, resultados.