No hubo puente de la 60, pero la interventoría se embolsilló casi $2.000 millones

Una de las irregularidades más protuberantes en el fallido proyecto de construcción del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta fue el sospechoso pago que le hicieron a la firma encargada de la interventoría.

Sin haberse ejecutado la obra, el consorcio Conexión Vial 60 logró cobrar $1.928 millones, lo que equivale al 64.32% del total del contrato, que era de $2.997 millones.

¿Cómo lo logró? Sencillo: modificaron la forma de pago para favorecer al contratista y afectar las finanzas de la Alcaldía de Ibagué.

Inicialmente, la cláusula Sexta del contrato estableció que la firma interventora recibiría pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución porcentual del contrato de obra.

Es decir: si la obra no se hacía, no podían cobrar porque no había nada sobre qué ejecutar control alguno.

Sin embargo, en septiembre del año pasado, cuando se evidenciaba que el consorcio Puente Carrera Quinta, responsable de la construcción del paso elevado, no ejecutaría el proyecto, la exsecretaria de Infraestructura Sharon Guzmán aprobó cambiar la forma de pago.

Esa modificación estableció que: “La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 90 % del valor del contrato. El 10 % del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato”.

Esta maniobra dejaba en libertad a la interventoría para cobrar lo que quisiera, con el auspicio de la Secretaría de Infraestructura.

Sin ese cambio, o mejor, sin ese favor, este consorcio habría podido cobrar tal vez $150 millones, si se tiene en cuenta que el avance del contrato de obra fue apenas del 5 %.

O seguramente ni siquiera ese valor, pues, al final de este escandaloso proceso, la interventoría ni siquiera avaló el 5 % del avance de obra que aseguró tener el consorcio Puente Carrera Quinta

“La interventoría insiste que ese 5 % no estuvo avalado por ellos, pues no hubo un acta de recibo parcial, firmada y aprobada por ellos”, aseguró otra fuente de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué.

¿Tráfico de influencias y favores de amigos?

En abril de 2023, EL OLFATO denunció que este contrato de interventoría se habría adjudicado de manera presuntamente irregular para favorecer al familiar de un alto funcionario de la Alcaldía de Ibagué. 

El representante legal del consorcio Conexión Vial 60 es el ingeniero Francisco José Restrepo Albarello, primo de Carlos José Corral, gerente de Proyectos Especiales de la Administración Municipal. Lo fue en el gobierno de Andrés Hurtado y luego Johana Aranda lo ratificó en ese mismo cargo. 

Además, Francisco José y Carlos José son muy cercanos -de tiempo atrás- a la exsecretaria Sharon Guzmán. Los tres han compartido asuntos profesionales y sociales en la Sociedad Tolimense de Ingenieros, como se evidencia en varias fotografías de ese gremio.

Sobre estos hechos, EL OLFATO quiso entrevistar a la exsecretaria Guzmán, pero prefirió guardar silencio. 

Tampoco fue posible dar con el paradero del ingeniero Francisco José Restrepo Albarello, representante legal de la firma interventora.

Las pistas que sigue la Fiscalía General de la Nación

Estas irregularidades son una de las líneas de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, pues aquí se pudieron configurar varios delitos graves como peculado en favor de terceros. 

Esta redacción pudo establecer que la interventoría habría montado una estrategia para sustraer los recursos públicos, supuestamente, ofreciendo servicios y personal que nunca tuvo en el proyecto. 

La Secretaría de Infraestructura les pagaba $337 millones mensuales por tener disponibles a 29 trabajadores y tres camionetas. Sin embargo, dicen los testigos, ni hubo ese personal ni tampoco se observaron los recorridos de esas camionetas. 

“De la interventoría siempre se veían las mismas tres personas en obra, jamás se evidenció la presencia de 29 personas ni mucho menos camionetas a disposición de la obra por parte de la interventoría”, dijo un exempleado del consorcio Puente Carrera Quinta.

Otro hecho que investigan las autoridades son los honorarios que habrían cobrado los supuestos 29 trabajadores. Según documentos oficiales, los pagos mensuales eran de $3.000.000, $6.000.000, $7.000.000 y $12.000.000. 

Sin embargo, existirían vacíos en la liquidación de las planillas de seguridad social.

“Si el contratista de obra nunca tuvo los frentes de trabajo necesarios para construir el puente, por qué la interventoría mantuvo esa supuesta cantidad de personal. Era deber de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura negociar y bajar las dedicaciones mensuales o ajustar dicha oferta económica”, expresó otra fuente cercana al proceso. 

La administración de la alcaldesa Johana Aranda ordenó declarar el incumplimiento total del contrato de obra, pero, poco o nada ha dicho de los interventores y familiares de Carlos José Corral.

Corral fue jefe de Aranda en el Ibal durante el gobierno de Luis H. Rodríguez. Corral era el gerente y la actual alcaldesa era la bacterióloga de la entidad.