Los ‘botones’ del contrato ‘chaleco’ de las fiestas de junio que pretende adjudicar la Alcaldía de Ibagué

Las fiestas populares son una oportunidad de defraudación de las finanzas públicas en el Tolima. Esa afirmación está probada judicialmente en cada rincón de este departamento.

Desde los contratos adjudicados en la Alcaldía de Ibagué -en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo- hasta las inversiones hechas por alcaldes de municipios pequeños como Villarrica han pasado por las manos de los investigadores de la Fiscalía General de la Nación. En esta última población fue capturado su exalcalde Arley Beltrán Díaz (partido Liberal) por desaparecer $240 millones a través de fundaciones de papel. (Ver: Capturan al alcalde de Villarrica por desaparición de $240 millones del Municipio)

Ahora le llegó el turno al alcalde Andrés Hurtado. Él pretende realizar sus primeras fiestas del folclor, después de dos años de la pandemia del COVID-19, e invertirá casi el doble de los recursos que contrató su antecesor Guillermo Alfonso Jaramillo con la quebrada y maltrecha Corporación Festival Folclórico.

El ‘salvavidas’ de Jaramillo a su amiga y exsubalterna Betty García, en un dudoso proceso en el que habían manipulado las condiciones de la contratación para favorecer a esta entidad ilíquida, fue por $2.600 millones. (Ver: ¿Alcaldía lanza salvavidas de $2.605 millones para ‘revivir’ a la Corporación Festival folclórico después del Alumbrado Navideño de 2016?)

La sorpresiva renuncia, la entrevista cancelada y los ‘botones del chaleco’

El negocio de las fiestas de junio que montó la administración de Andrés Hurtado es por $4.400 millones y desde los prepliegos se evidencian posibles ‘amarres’ para favorecer a un afortunado ganador del contrato.

Tras la denuncia que hizo el concejal Rubén Darío Correa, quien reveló en la plenaria de la corporación que la secretaria Greis Cifuentes había renunciado al cargo tras advertir que se venía un escándalo judicial con este proceso, EL OLFATO indagó con fuentes de la Secretaría de Cultura y con abogados expertos en contratación pública y esto fue lo que se encontró. (Ver: Secretaria de Cultura de Ibagué habría renunciado por negarse a participar en escandalosa licitación de las fiestas de junio, dice Correa)

Todo indica que Cifuentes sí habría dejado la Secretaría de Cultura para evitarse líos judiciales por la adjudicación de este contrato ‘exprés’, porque, además del posible direccionamiento, tendrá que adjudicarse rápidamente, ojalá antes del 30 de mayo.

Fuentes de esa dependencia le confirmaron a esta redacción que la dimisión de Cifuentes fue inesperada, sorpresiva y la mayoría de sus excolaboradores cree que lo hizo por el naciente lío contractual.

Prueba de ello es que el pasado lunes, Cifuentes había aceptado una entrevista con EL OLFATO para hablar de la Secretaría de Cultura. El diálogo se haría hoy jueves y ella en ningún momento anticipó que se iría del gabinete de Andrés Hurtado. ¿Si planeaba irse a terminar su doctorado, pudo haber dicho que no podía aceptar la entrevista?

Ayer (miércoles) en la tarde, después de conocerse las declaraciones de Rubén Darío Correa, la saliente funcionaria se comunicó con este medio de comunicación para avisar que no podía asistir a la entrevista.

‘Los amarres’

Después de este amplio contexto, pasamos a los puntos sospechosos de este proceso de contratación.

Las fuentes de la Secretaría de Cultura y los abogados consultados por EL OLFATO coinciden en que hay dos ‘botones’ del confeccionado contrato ‘chaleco’.

Uno es el indicador financiero, que se montó muy exigente, presuntamente para sacar a unos del camino y favorecer a otro. Y el segundo, es el criterio de evaluación, en el que el puntaje mayor resulta muy llamativo.

Iremos por partes. Entre el contrato de Jaramillo, del año 2019, y el de Hurtado en el 2022, hay algo en común.

El exalcalde petrista montó el proceso para que participaran exclusivamente entidades sin ánimo de lucro -para impedir la competencia con empresas locales y nacionales- y determinó que la evaluación financiera no sería tenida en cuenta para adjudicar el contrato. Es decir: no importaba si la Corporación Festival Folclórico estaba quebrada, lo importante era “ayudarlos”.

Y con Hurtado pasa lo contrario. La evaluación financiera sí es importante y la exigencia es alta, con lo cual se cierra el proceso. En el aparte de ‘Capacidad financiera’ de los prepliegos dice: “Dado que el Municipio de Ibagué debe asegurar que los proveedores tienen la capacidad para responder por las obligaciones derivadas del contrato, se estableció (sic) los siguientes indicadores de capacidad financiera”.

Luego aparecen los requisitos: “Liquidez o razón corriente: mayor o igual a 4.1. Nivel de endeudamiento: menor o igual al 50 %. Razón de coberturas de intereses: mayor o igual a 5”.

“Ese indicador de liquidez mayor o igual a 4.1 es muy bravo. Está altísimo, sobre todo en este tiempo de postpandemia donde ninguna empresa ha tenido una recuperación económica plena. Tal vez saben que se presentará algún contratista que tiene una empresa o corporación experta en fiestas, con movimientos económicos bajos, y así puede lograr superar ese indicador”, asevera uno de los abogados.

Es decir: el ganador puede ser una empresa, corporación o fundación que tenga deudas pequeñas y unos ingresos moderados y altos.

Y el segundo ‘amarre’ detectado es el de los criterios de evaluación. La Alcaldía de Ibagué determinó que las ofertas tendrán una calificación máxima de 100 puntos.

“Calidad: 59 puntos. Precio: 30 puntos. Apoyo a la industria nacional: 10 puntos. Proponentes con trabajadores con discapacidad 1 punto”, dice el prepliego.

Más adelante, en la página 216, precisa lo siguiente, relacionado con los 59 puntos: “El proponente que adjunte (en) su oferta certificaciones emanadas de la casa disquera y/o el representante del o de los artistas reconocidos, que señalen disponibilidad para las fechas de los eventos del presente proceso, de mínimo ocho artistas, de los cuales uno deberá ser de talla internacional, y los otro de reconocimiento y trayectoria nacional, obtendrá un puntaje de 59 puntos”.

Con ese criterio de evaluación se puede llegar a varias conclusiones, sostienen las fuentes. “El contratista debe ser un importante empresario musical y que tenga dinero para separar las fechas de los conciertos en junio, una época en la que hay fiestas por todo el país. Esa gente aparta las fechas cuando les ‘pisan’ en el negocio con plata, no de otra forma. Y son ocho artistas, uno de ellos de talla internacional”, explica un funcionario de la Secretaría de Cultura, que, por obvias razones, pidió no ser identificado.

“Y para invertir dinero separando fechas de artistas, es porque tendría la certeza que el negocio es para él”, anota una de los de los abogados que asesora a EL OLFATO.

¿El favorecido con el contrato es León Gráficas, como aseguró Rubén Darío Correa?

El concejal y periodista Rubén Darío Correa anticipó que el contrato de las fiestas de junio es para la empresa León Gráficas, pero no presentó ninguna prueba.

Esta redacción supo que, al interior de la administración de Andrés Hurtado, se sabe que el negocio sería para una corporación que realiza festividades folclóricas en el sur del Tolima y que tendría detrás a un reconocido exalcalde, famosísimo por sus relaciones comerciales con cantantes vallenatos, muchos de talla internacional.

“Lo de León Gráficas fue una cortina de humo para que pasara de agache la corporación que recomendaron del despacho, no se sabe si a Correa lo engañaron o qué, pero los prepliegos están armados para un exalcalde”, asegura otra persona de la Alcaldía de Ibagué.

Es más. Esa fuente sostiene que los dos ‘botones’ del ‘chaleco’ saca automáticamente del proceso a León Gráficas, la empresa señalada por Correa, principalmente por los indicadores de liquidez.

El Registro Único de Proponentes (RUP) de León Gráficas, obtenido a través de la Cámara de Comercio, le da la razón al informante.

Los índices de liquidez de León Gráficas son: de 2.53, para el año 2018; 2.86, para el año 2019; de 3.03, para el año 2020, y de 2.70 para el año 2021.

El proceso exige una liquidez mayor o igual a 4.1 y los prepliegos precisan que: “Los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos tres años reflejados en el Registro Único de proponentes RUP, vigente, actualizado y en firme con corte al 31 de diciembre de 2020”.

Sobre los señalamientos de Correa, el empresario Santiago Romero, propietario de León Gráficas, afirma que no se pronunciará en los medios de comunicación.

Esta es la primera investigación que presenta EL OLFATO sobre este polémico contrato.

En el pasado, el mismo equipo de periodistas y abogados ha demostrado irregularidades en el contrato del Alumbrado Navideño de 2016, en el fallido contrato de Carlos Vives del año 2019 y en los contratos de las fiestas de la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, investigado por la Fiscalía y la Procuraduría por varios de estos escándalos. (Ver: Se cayó el concierto de Carlos Vives y Alcaldía admite que cometió irregularidades)