Lo que se desconocía de los $16.000 millones en contratos que entregó la Gobernación del Tolima por la emergencia del coronavirus

Un verdadero ‘tsunami’ de críticas ha recibido la Gobernación del Tolima por la millonaria contratación directa que ha celebrado para enfrentar la pandemia del COVID-19.

En las redes sociales, cadenas de WhatsApp y columnistas de la talla de Salud Hernández, en Semana, han calificado las inversiones oficiales como un “despilfarro” de recursos públicos. Y otros, por su parte, se han quejado por la falta de oportunidades para contratistas de menor capacidad económica.

La administración de Ricardo Orozco, soportada en la declaratoria de urgencia manifiesta, aceleró la compra de medicamentos y equipos para dotar los hospitales de la región, y contrató el suministro de 105.000 mercados para ser distribuidos entre las familias más pobres del departamento. (Ver: Colombia registra once muertos por COVID-19 en un solo día)

Además, prepara su propia campaña masiva de prevención del coronavirus a través de más de 80 medios de comunicación, instalados en los 47 municipios del Tolima.

EL OLFATO solicitó, a través de un derecho de petición electrónico, copia de toda la contratación celebrada en el marco de la emergencia sanitaria, los valores de las inversiones y los servicios que deben ofrecer estos proveedores.

En total -hasta la semana pasada-, eran 13 contratos por valor de $16.655.279 millones, suscritos entre el 26 de marzo y el 2 de abril. (Ver: Gobernador aseguró que en 10 días estarían listas las instalaciones donde se tomarán las muestras de COVID-19 en el Tolima​​​​​​​)  

La directora del Departamento Jurídico de la Gobernación del Tolima, Yurany Prieto, salió al paso a las críticas, aclaró todos los interrogantes y justificó la contratación, la cual, dijo, ha sido presentada ante los órganos de control como la Procuraduría Regional, la Contraloría Departamental y la Fiscalía seccional.

Kits de alimentación y aseo

La Gobernación del Tolima contrató el suministro de 105.000 kits alimenticios y de aseo con las empresas Proandina (Familia Sierra Pineda) y Enred Group S.A.S (Familia Alvarado).

La primera compañía debe suministrar 55.000 kits, por valor de $5.500 millones, y la segunda 50.000 mercados, por un costo de $5.000 millones.

Algunas personas criticaron esa contratación porque resultaron favorecidas dos prestantes familias de la región, y quedaron por fuera del negocio pequeños comerciantes locales.

Otros, como la columnista Laura Castro, exgerente del desaparecido Semanario Tolima 7 días, sostiene que la Administración Departamental debió entregar bonos a las familias de escasos recursos.

La respuesta de la Gobernación del Tolima

Estos interrogantes fueron trasladados a la directora del Departamento Jurídico, Yurany Prieto, quien dijo que los ciudadanos tienen derecho a opinar y conocer los detalles de los contratos del Estado.

“Nosotros integramos una Administración que escucha y, faltaba más, queremos aclarar las dudas que hay sobre todos los contratos. La información, incluso, está publicada en el Secop, como es nuestro deber. También la conocen los órganos de control: hablamos con la Procuraduría y la Contraloría constantemente, cada vez que lo han requerido. Aquí no hay nada escondido ni irregular”, subrayó.

EL OLFATO: ¿Por qué no les dieron estos contratos a comerciantes pequeños y medianos de Ibagué y el resto de municipios del Tolima?   

Hay dos razones de peso. El primero, tenemos una lucha contra el tiempo. Nosotros tomamos las decisiones basadas en los informes sanitarios sobre el avance del virus en Colombia y en el Tolima. En un par de semanas llegará el pico de la pandemia en la región y tenemos que abastecer rápidamente esos 105.000 hogares, una tarea nada sencilla.

Y la segunda razón tiene relación directa con la primera. Estamos comprando alimentos, comida, y el hambre no da espera. Necesitamos contratistas que tengan capacidad económica para hacer las compras y transportar hasta el Tolima todos los insumos. Eso no es sencillo.

Si fraccionamos estos contratos en 50 o 100 proveedores: ¿A qué hora reunimos 105.000 mercados? La gente está pasando hambre y tenemos que llegar lo más pronto posible.

Además, estas empresas no aparecieron de la noche a la mañana vendiendo alimentos en el Tolima. Una tiene más de 42 años (Proandina) y el grupo Mercacentro lleva 26 años prestando este servicio. Ellos tienen la operación logística definida, la relación directa con los proveedores en el país y pueden asegurar la llegada de la comida.

Solo la empresa Proandina movilizó más de 20 tractomulas y tiene un centro de distribución de 6.000 metros cuadrados.

Lo mismo sucede con el grupo Mercacentro. Ellos también tienen la idoneidad y la capacidad de despachar en el corto plazo estos mercados. Como lo ha dicho el doctor Harold Trujillo: esto no ha empezado y el tiempo es corto para poder actuar. (Ver: Los dos primeros pacientes de COVID-19 en Ibagué superaron el virus, confirmaron fuentes de salud en el Tolima)

Estamos comprando alimentos, comida, y el hambre no da espera: Yurany Prieto, vocera de la Gobernación del Tolima

Campaña de prevención en medios de comunicación

Otro contrato que ha recibido toda suerte de cuestionamientos es el que se le adjudicó a la empresa León Gráficas, por $1.020 millones, para “ejecutar la estrategia de comunicación” durante la emergencia sanitaria.

Algunos propietarios de litografías de Ibagué lamentaron que León Gráficas se quedara con todo el negocio, mientras que otras empresas están cerradas y enfrentando dificultades económicas. 

Entre tanto, el abogado Luis Felipe Aranzales, opinó que la Gobernación del Tolima debió contratar directamente a los medios de comunicación del Tolima y no tercerizar las obligaciones, como lo hizo en su momento el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo con el Alumbrado Navideño de 2016 y el fallido contrato para la presentación de Carlos Vives. 

“Si bien esta empresa (León Gráficas) cuenta con experiencia en ejecución de planes de comunicación, la urgencia manifiesta obliga a que la entidad adquiera directamente el servicio o bien requerido, por lo que es injustificable que se genere una tercerización, cuando lo correcto jurídicamente es contratar directamente las pautas en cada medio de comunicación, máxime cuando han sido previamente identificados en un estudio previo y en un plan de comunicaciones establecido por la Gobernación”, sostuvo.

Respuesta de la Gobernación del Tolima

Estamos en una situación excepcional y debemos acudir a alternativas extraordinarias para transmitirles los mensajes de prevención a todos y cada uno de los tolimenses: los que están en Ibagué, los que están en las veredas de Chaparral o en los corregimientos del Líbano, explicó la jefe Jurídica de la Gobernación.

Necesitamos distribuir rápidamente los mensajes en más de 80 medios de comunicación que hay en el departamento: impresos, digitales, radiales y televisivos. Si hacemos 80 contratos, uno a uno, nos rebasaría la capacidad técnica y jurídica para contratar, dijo.

Y sobre la opinión de los propietarios de las litografías, añadió: debo decir que León Gráficas no ejecutará solo actividades propias de este sector, sino que este contrato va más allá y consiste en una campaña para materializar la estrategia de divulgación masiva para enfrentar la pandemia.

La confusa resolución de Minsalud

Sobre el contrato de la publicidad durante la emergencia por el coronavirus existe otra duda sobre la gratuidad o no de estas campañas. La resolución 385 del 12 de marzo, expedida por el Ministerio de Salud, indica -en uno de sus artículos- que los medios de comunicación deben difundir “gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de protección para la población”. (Ver resolución) 

Para el abogado Aranzales, esta norma iría en contravía con la decisión de la Gobernación del Tolima de adelantar una campaña de prevención, paga, a través de los medios masivos.

Ante la duda, EL OLFATO pidió claridad ante el Ministerio. La oficina de comunicaciones de esa cartera indicó lo siguiente: “Cada una de las entidades debe decidir cuáles son las contrataciones que va a realizar incluyendo la de medios. Esto no es una situación especial para COVID-19, sino que obedece al presupuesto y a las decisiones de contratación que tenga cada uno de los entes territoriales. Es cierto que se han emitido directrices para facilitar la contratación, pero es cada uno de los entes territoriales quién debe decidir hacerlo o no”.

Al respecto, Yurany Prieto, de la Gobernación del Tolima, precisó que el alcance de la resolución del Ministerio de Salud habla de la divulgación “de la situación sanitaria y las medidas de protección para la población”, actividades que han venido desarrollando los medios de manera gratuita, y otra cosa es el diseño, elaboración e implementación de una campaña de prevención del coronavirus para la región.

El contrato con el Hospital IPS 

Entre los 13 contratistas aparece el Hospital IPS, un antiguo proveedor de la Secretaría de Salud del Tolima, el cual protagonizó un escándalo mediático hace un año, cuando recibió un pago equivocado que superó los $1.000 millones. Días después de ese incidente, la exsecretaria de Salud Sandra Torres cruzó esa cuenta con parte de la deuda (antigua) que tenía con la IPS Hospital, para corregir de esa forma el desembolso.

Esta vez, para la emergencia por el COVID-19, la Gobernación del Tolima le adjudicó un contrato por $1.658.762.843 para suministrar insumos médicos para la atención humanitaria en los hospitales de los municipios.

Esta redacción solicitó a la Procuraduría Regional información sobre el proceso que adelantó contra la exsecretaria Torres y el Hospital IPS, y supo que la investigación concluyó hace un mes, sin que hasta el momento se haya probado la existencia de alguna irregularidad.

Por último, hay que decir que de los 13 contratos adjudicados, 10 se destinaron para la adquisición de equipos biomédicos, ventiladores mecánicos, camas, desfribiladores, monitores de signos vitales, rayos x portátiles, medicamentos e insumos hospitalarios.