Les llegó la hora a las multinacionales españolas que participaron en el desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué

La investigación penal por el desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué, celebrados en el año 2015, entró en su parte final y cerrará con la judialización de los directivos de las dos multinacionales españolas que participaron en el entramado que orquestó el condenado abogado Orlando Arciniegas, exasesor de la Alcaldía y ‘cerebro’ de la operación, para saquear las finanzas públicas de la ciudad. (Ver: Orlando Arciniegas suma otra imputación por el desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales)

Según la Fiscalía General de la Nación, Arciniegas estableció contacto con las sucursales en Colombia del Grupo Ortiz y Vera Construcciones para ofrecerles sus servicios criminales. 

El pacto fue el siguiente: ellos le entregaban anticipadamente sus estados financieros y su experiencia nacional e internacional, él montaba las licitaciones ‘chaleco’ y, después, cuando les adjudicaran los contratos, debían entregarle un porcentaje del 6 % del valor de cada operación.

Para el contrato de la remodelación del Parque Deportivo se destinaron $75.000 millones, mientras que para la Unidad Deportiva de la calle 42 el presupuesto fue de $37.000 millones. El primero fue para la compañía Vera Constructores y el segundo para el Grupo Ortiz. 

Ambas firmas integraron uniones temporales con empresas colombianas medianas y profesionales sin mucho reconocimiento en el mundo de la ingeniería. Nunca se explicó por qué hubo esta alianza comercial, porque los españoles hubieran podido ganarse las licitaciones participando solos.

“Eso tiene que preguntárselo a ellos”, dijo en su momento el exasesor de la Alcaldía de Ibagué Orlando Arciniegas, condenado a 27 años de cárcel por su participación en el desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.

Así cuadraron todo

El senador ibaguereño Jorge Enrique Robledo, quien ha realizado debates sobre la participación ilícita de multinacionales en Colombia, sostiene que lo que ocurrió en la ciudad en 2015 se repite a diario en el territorio nacional. 

“Algunas de esas compañías vienen al país, se asocian con firmas locales que tienen contactos en las entidades oficiales, aportan su experiencia internacional y con eso sacan de los procesos a cualquier proponente de Colombia. Luego, se llevan un porcentaje del contrato sin mover una pala”, explicó.

Y eso mismo ocurrió en Ibagué. “El señor Juan Ramón Hernández González le entregó la información contable y de experiencia de su empresa, entre otros, al señor Orlando Arciniegas para que con estos (documentos) direccionara los pliegos de condiciones con el fin de favorecer a la empresa representada por él, ofreciéndole a cambio el pago del 6 % del valor del contrato que se suscribiera”, dijo la fiscal del caso en el escrito de acusación contra el ciudadano español Juan Ramón Hernández González.

Él es el primer extranjero que tiene orden de captura por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, pero huyó del país en abril de 2019, según informó Migración Colombia.

Hernández González regresó a Málaga, España, donde opera la casa Matriz del Grupo Vera, una multinacional con amplia experiencia en la construcción de aeropuertos, estadios de fútbol, hidroeléctricas y construcción de autopistas.  

El robo del ingeniero español Juan Ramón Hernández

La Fiscalía sostiene que el español Juan Ramón Hernández se quedó con $843.313.110 del contrato de remodelación del Parque Deportivo. (Ver: Fiscalía llevará a juicio al primer español involucrado en el desfalco de los XX Juegos Nacionales de 2015)

Hernández celebró un contrato con el representante legal de la Unión Temporal Parque Deportivo 2015, Jaime Humberto Rivera Cuellar, para el suministro de la pista de atletismo, por un valor de $1.691.402.083.

Lo llamativo de la operación es que se pactó “un único pago del cien por ciento a la firma del contrato”, algo inusual en cualquier negocio de infraestructura. Estos recursos salieron del anticipo de $16.446.237.746 que le entregó el IMDRI a la Unión Temporal a través de una fiducia en el Banco Popular. 

El dinero fue consignado en una cuenta del Grupo Vera en Bancolombia y en menos de 20 días desaparecieron la plata. “Los $843.313.110 fueron apropiados por parte de Juan Ramón Hernández González para otras actividades diferentes para los cuales debían ser destinados”, aseguró la fiscal del caso. 

Después de quedarse con los dineros públicos, Hernández González dijo que no podía entregar la pista por falta de materiales y el proyecto lo ejecutó la firma Ágorasport, la misma que hoy celebra contratos con el actual alcalde Andrés Hurtado, quien, siete años después, pretende culminar los escenarios que no construyó su exjefe y amigo Luis H. Rodríguez, preso en la cárcel de El Espinal desde noviembre de 2017.  

EL OLFATO pudo establecer que la Fiscalía Segunda Especializada, de la unidad de delitos contra la Administración Pública, adelanta un proceso similar en contra de los directivos que tenía en su momento el Grupo Ortiz, compañía que integró la Unidad Temporal de la Unidad Deportiva de la calle 42.

La historia fue casi calcada. Sin embargo, ese otro negociado lo lideraron el exasesor Orlando Arciniegas y Jorge Alexander Pérez, conocido en Ibagué como ‘El chatarrero’, quien fue el exrepresentante legal de la Unión Temporal. 

Ambos habrían contactado al Grupo Ortiz en Colombia para ejecutar el plan delictivo. 

Pérez fue capturado en septiembre de 2017, pero, gracias a las hábiles maniobras de sus abogados, dilataron el proceso y logró quedar en libertad en marzo de 2021. 

Sin embargo, esta redacción conoció que el juicio se reanudará el próximo mes de junio, si la defensa de ‘El chatarrero’ no acude a otra estrategia para impedirlo. 

Jorge Alexander Pérez está procesado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

El Grupo Vera está inactivo en Colombia, mientras que el Grupo Ortiz sigue como si nada

Los líos legales y los embargos que tiene en Colombia el Grupo Vera Construcciones provocaron su inactividad contractual en Colombia, aunque tiene sus documentos al día y la matrícula vigente en la Cámara de Comercio de Bogotá. (Ver:

No ocurre lo mismo con el Grupo Ortiz. A ellos, no solo la Fiscalía se ha demorado en procesarlos, sino que las entidades oficiales, nacionales y locales, les siguen adjudicando millonarios contratos.  (Ver: Grupo Ortiz ejecuta dos megaobras en el país, pese a estar vinculada en desfalco en Ibagué)

En su sitio web informan que en los últimos dos años han ejecutado proyectos de infraestructura hospitalaria, vial y energética en Colombia, y sus estados financieros siguen al alza cada año.

En 2021, su operación en el mundo generó ingresos por 478 millones de euros y tuvo un crecimiento del 6 %, con relación a la vigencia anterior. 

Los fallos de responsabilidad fiscal en Colombia

Vera Construcciones: Fallo de responsabilidad fiscal por $31.278.602.074 por las obras del Parque Deportivo de Ibagué. Sentencia en firme, emitida el 18 de febrero de 2022.

Asimismo, tiene abiertas tres investigaciones en la Contraloría General de la República por presuntos detrimentos en obras públicas contratadas en los departamentos de Cesar y Bolívar. 

Grupo Ortiz: Tiene dos fallos de responsabilidad fiscal. Uno por $2.293.314.525 y el otro en cuantía de $2.061.562.159. Las decisiones fueron proferidas en diciembre de 2021 y marzo de 2022.