Grave caso de corrupción en el Hospital de Mariquita que los órganos de control no quisieron ver

El sistema de salud pública en Colombia está amenazado por la llegada del peligroso virus COVID-19, pero su vulnerabilidad lo originó -de tiempo atrás-otro mal: la corrupción administrativa.

Los recursos públicos se han extraviado en manos de cuestionados funcionarios públicos que adjudican contratos irregulares, como ocurrió en el Hospital San José de Mariquita, gerenciado hasta hace pocos días por el enfermero Mauricio Salazar Muñoz, quien despareció de la institución 20 días antes de renunciar oficialmente. (Ver: Gerente del Hospital San José de Mariquita abandonó su cargo en plena crisis sanitaria)

Antes de su paso por el Hospital de Mariquita, Salazar Muñoz estuvo en el Hospital Santa Ana de Falan, entre los años 2012 y 2016.

Este último dato resulta fundamental para descifrar lo que hubo detrás de bambalinas en un contrato de $110 millones, celebrado en el año 2017, con una joven secretaria que pretendió suplantar las actividades de un abogado.

Salazar le adjudicó a dedo el contrato 074 de 2017 a Jenny Maricela Ramírez Gómez, oriunda de Armero Guayabal, para que “mediante la modalidad de cuota litis” recuperara el dinero que le adeudaba la Nueva EPS a ese hospital, suma que alcanzaba los $1.400 millones.

Este tipo de contratos deben ser ejecutados exclusivamente por abogados, como lo señala el Gobierno Nacional a través de la entidad Colombia Compra Eficiente. Dicha figura permite que el profesional del derecho obtenga un porcentaje del dinero que recauda por su gestiónde cobro. 

"Entre las distintas modalidades de cobro de los abogados se encuentra la cuota litis, la cual consiste en el pacto que se suscribe entre el abogado y su cliente cuyo objeto es la obtención de un porcentaje del objeto del pleito, siempre que éste se gane", advierte el portal de Colombia Compra Eficiente. (Ver: Colombia Compra Eficiente)

Pero el exgerente Mauricio Salazar pasó por alto este requisito y le entregó el recaudo de cartera a Jenny Marcela, quien en su hoja de vida reportó cinco años de experiencia en el sector público como secretaria.

Ella recibiría un 10 % como prima de éxito de la cartera corriente que se recaudara mensualmente y el 11 % del total de la cartera mayor a 365 días.

El exfuncionario le dijo a EL OLFATO que la excontratista era una auxiliar contable y que, como conocía del tema de cartera, decidió entregarle esa responsabilidad. Además, aseguró que no era necesario ser abogado para celebrar un contrato con la modalidad de cuota litis.  

“No se necesita ser abogado para eso, yo hago una pregunta: ¿usted cree que un abogado sabe de facturación, de cruce de pagos? Ellos no saben de nada de eso”, explicó.

Pero Salazar no solo quiso restarle importancia a la denuncia. También presentó un documento de la Contraloría Departamental del Tolima en el que le notifican el archivo de una investigación que le abrieron por esta irregularidad.

Este ente de control advirtió las inconsistencias y comprobó que a la excontratista le desembolsaron $35.106.324 por su supuesta gestión de recuado, pero milagrosamente desapareció el hallazo fiscal en diciembre del 2019, poco antes de salir del cargo el excontralor Edilberto Pava.

“Aquí en Mariquita, él decía que tenía amigos en la Contraloría Departamental y que le cerraban todos los procesos. Y que este era uno de ellos. Siempre que aparecía una denuncia, sacaba los papeles de la Contraloría con las órdenes de archivo. Por eso lo denunciamos ante EL OLFATO”, dijo una de las fuentes.   

Viejos conocidos

En la investigación que adelantó este medio de comunicación encontró que Mauricio Salazar y su excontratista Jenny Maricela Ramírez Gómez son viejos conocidos.

Ella fue su secretaria en el Hospital Santa Ana de Falan, como lo certíficó el mismo Salazar en los soportes que aparecen en los estudios previos del contrato.

Además, esta redacción obtuvo unos pantallazos de WhatsApp en los que la joven excontratista de 28 años admite estar preocupada por la investigación que adelantó en su momento la Contraloría del Tolima.

En la conversación, Ramirez Gómez cuenta que trabaja en un consultorio en Bogotá, que está asustada, que ella no sabía nada de ese asunto y que tampoco recibió “un solo peso de ese contrato”.

Ante este hecho, la llamamos a su teléfono celular y dijo que no entregaría ninguna información sobre la ejecución de ese contrato. Le insistimos y le preguntamos si había recibido dinero por la ejecución del contrato, pero colgó la llamada.  

Lo que descubrió y después tapó la Contraloría

Pese a que el exgerente Mauricio Salazar dijo que Jenny Maricela Ramírez Gómez acreditaba el título de Auxiliar Contable, ella en realidad es auxiliar en Administración de Servicios Informáticos.  

La Contraloría del Tolima, en un informe de auditoría emitido en febrero de 2019, estableció que la contratista no acreditaba ni la experiencia en el cobro de cartera ni la idoneidad que justificara su vinculación.

"Solo se observó en la carpeta contractual una sola propuesta, que fue la presentada por la señorita Jenny Maricela Ramírez Gómez, donde no aparecen experiencias en labores realizadas en otras entidades referente al tema del objeto del contrato y/o estudios que determinen la experiencia e idoneidad que justifique el valor del presupuesto oficial", dijo el ente de control fiscal.

De igual manera, se corroboró que la profesional no ejerció ninguna labor de cobro coactivo ante la Nueva EPS, pero sí devengó la suma de $35.000.000.

"No existe material probatorio que acredite acciones personales de intervención, de actividades varias ante la Nueva EPS y los diferentes procedimientos de cobro como lo señala el numeral 3 de la cláusula segunda del contrato 074 de 2017", precisó el órgano de control.

La Contraloría sostuvo que Salazar habría incurrido en la violación de la Ley 1386, que prohíbe la entrega de la administración de los tributos de las entidades territoriales o entidades descentralizadas a particulares como en este caso sucedió.

La investigación que fue archivada

EL OLFATO se comunicó con el excontralor Edilberto Pava, quien argumentó que la decisión no dependió de él sino de sus subalternos.

“Como dice la certificación ahí, la cerró el comité de hallazgos que es una instancia que está antes del Contralor. Con sorpresa, sobre diciembre del año pasado, me entero de que habían dos o tres hallazgos que habían sido archivados y dije: ‘cuándo pasó esto, si yo no me di cuenta’. Por eso, como ya tenía que presentar el proyecto del PGA incluí el Hospital de Mariquita, porque la intención era que se hiciera una auditoría regular y se volviera a revisar la situación porque me cogía con sorpresa”, dijo Pava.

Por su parte, el nuevo Contralor del Tolima, Diego García, afirmó que se revisará la actuación, pues el informe emitido por Pava no se le dio traslado al comité de responsabilidad fiscal.

“El que cierra en últimas los informes definitivos es el Contralor, en ese caso para la época era Edilberto Pava. Si por, ejemplo, se da el traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y, por ende, la directora los devuelve para que se adecuen o se estructuren de una mejor manera debieron remitirlos al comité, el comité adecuarlos y por ende volverlos a someterlos para que el Contralor modificara en su momento, el informe definitivo”, advirtió García.

El exgerente Salazar Muñoz tiene pendiente cuatro procesos en la Contraloría: el primero, por presuntas irregularidades en la entrega de dotación al personal médico y asistencial, otro por el suministro de alimentación a los pacientes hospitalizados, el tercero, por la ejecución de una compra y entrega de refrigeradores con paneles solares para las vacunas y el último, por la compra de lubricantes para los vehículos del hospital.

La opinión de un experto

Wilson Leal Echeverry, reconocido por sus conocimientos en materia de Derecho Administrativo, dijo que los contratos por cuota litis deben ser ejecutados por abogados.

"Son múltiples los pronunciamientos jurisprudenciales que reservan la modalidad remunerativa cuota litis a la prestación de servicios de abogado, en atención a que la causa de la remuneración corresponde a un servicio para el cual por razones de idoneidad profesional corresponden al ámbito del derecho", explicó.

Además, si dicha persona no podía acreditar la condición de abogado, no le estaba dado comparecer ante los despachos judiciales para agenciar el cobro de las sumas que se le adeudaban al hospital.

"Es claro entonces que las obligaciones de la contratista, no se limitaron a efectuar un acompañamiento a la labor de cobro o un cobro persuasivo, sino que esta se obligó a realizar todos los procesos para realizar el cobro, para lo cual claramente no era profesionalmente idónea", precisó el jurista.