Fiscalía investiga las irregularidades cometidas en el fallido concierto de Carlos Vives en Ibagué

La Fiscalía 53 de la unidad de delitos contra la Administración Pública indaga los hechos que rodearon el polémico contrato que celebraron la administración del exalcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo y la empresaria Carolina Barrios, en junio de 2019, para la realización de un concierto cuyo artista principal era el cantante samario Carlos Vives. 

Jaramillo, a través de su exsecretaria de Cultura Municipal Cristina Prada, autorizó el sonado contrato, por $2.964 millones, se suscribió el 11 de abril de ese año, pero un mes después se echó para atrás debido a las múltiples irregularidades denunciadas por EL OLFATO. 

Ante el escándalo, la Secretaría de Cultura de Ibagué liquidó unilateralmente el contrato y, aunque no hubo desembolso de recursos públicos, sí se habrían configurado algunos delitos.

Según fuentes cercanas al proceso, los principales insumos de la Fiscalía serían dos documentos oficiales. Uno, fue firmado por el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y el exsecretario de Hacienda Juan Espinosa, y, el segundo, por la exsecretaria de Cultura Cristina Prada, quien era la ordenadora del gasto. (Ver documento)

¿Interés indebido en celebración de contratos?

La primera prueba que compromete seriamente a Guillermo Alfonso Jaramillo y a Juan Espinosa es una comunicación que le enviaron a la empresaria Carolina Barrios, en la que le indican, con anterioridad, que sería beneficiada con un contrato a dedo, es decir: sin licitación pública.

“… el contrato se celebrará de manera directa con Sociedad CB Eventos y Producciones S.A.S (…) Es por ello que solicitamos a Sociedad CB Eventos y Producciones iniciar gestiones y trámites contractuales con los proveedores y representantes de artistas, con el fin de garantizar la disponibilidad y contratación  de estos, teniendo en cuenta que mediante el presente documento garantizamos que el proceso contractual ya está en marcha y que los tiempos obedecen al cumplimiento de las leyes de contratación pública, encontrándonos en este momento todas las dependencias orquestadas para poder firmar el contrato lo más pronto posible con la empresa contratista”, escribieron Jaramillo y Espinosa.

Además, le pidieron a Barrios tener un poco de paciencia: “Aclaramos que esto requiere tiempo, por ello expedimos este documento, a fin que la fecha sea garantizada entre la Sociedad CB Eventos y Producciones y todos y cada uno de los proveedores y artistas, para la Alcaldía de Ibagué”.

Ese documento aparece en papel membrete de la Alcaldía de Ibagué, con las firmas de los dos exfuncionarios, pero misteriosamente no fue fechado ni numerado en el despacho del exalcalde Jaramillo. 

El exmandatario y su exsecretario de Hacienda jamás negaron la autenticidad del oficio, divulgado por esta redacción el 7 de mayo de 2019. 

La autoincriminación de Cristina Prada

El otro material de prueba con el que cuenta la Fiscalía es el documento que firmó la exsecretaria de Cultura Municipal Cristina Prada para anunciar la liquidación unilateral del contrato.

Paradójicamente, las razones legales que invocó la exservidora pública para reversar el negocio se convierten -prácticamente- en la aceptación de varios delitos.

Por ejemplo, admitió que este contrato no debió adjudicarse de manera directa, a través de un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, sino que debió haber montado una licitación pública. 

“Una cosa es hacer uso de la modalidad de contratación directa para contratar la prestación de servicios para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, y otra, muy diferente, es hacer uno de la modalidad de contratación directa para la contratación de simples servicios de apoyo a la gestión”, señaló Prada. 

Además, aceptó que no debió incluir en el mismo contrato la presentación de los artistas y la operación logística del concierto. 

“Lo mismo no ocurre con los bienes, obras o servicios requeridos para llevar a cabo el concierto, pero que no están estrictamente ligados al trabajo artístico contratado, puesto que no se habilita la adquisición de tales de manera directa como modalidad de selección del contratista”, confesó Prada.

Con estos hechos y pruebas documentales, se pudieron configurar los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Sin embargo, eso solo lo decidirá el fiscal 53, responsable de esclarecer otro de los cuestionados contratos a dedo adjudicados por el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afronta un juicio penal por el Alumbrado Navideño del año 2016. (Ver: Primer testigo en el juicio de Jaramillo dejó en evidencia que el contrato del Alumbrado Navideño estaba amarrado)