La Fiscalía 27 de la Unidad de delitos contra la Administración Pública adelantará la audiencia de acusación en contra de los exconcejales (2012 -2015) que eligieron irregularmente a Ramiro Sánchez como Contralor de Ibagué en 2016. (Ver: Fiscalía investiga a concejales de Ibagué por el delito de prevaricato)

La diligencia se llevará a cabo ante el Juzgado Primero Penal del Circuito el próximo 20 de abril a las 9:30 de la mañana en el Palacio de Justicia. (Ver: Procuraduría confirma leve suspensión contra concejales de Ibagué)

Los excabildantes procesados son: Ernesto Ortiz, Carlos Andrés Castro, Humberto Quintero, Víctor Hugo Gracia, Oswaldo Rubio, Marco Tulio Quiroga, Víctor Julio Ariza, Camilo Delgado, Harol Lopera, Hasbledy Morales y Jorge Bolívar. (Ver: Otro favor de la Procuraduría para el partido Cambio Radical: absolvieron a Ramiro Sánchez)

Además, de Juan Ávila, William Rosas, William Santiago y Linda Perdomo, quienes resultaron elegidos para el periodo (2020 - 2023).

La Fiscalía los acusa de la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, conducta castigada con penas que van desde los cuatro hasta los 12 años de prisión. (Ver: Consejo de Estado 'tumbó' la elección del Contralor de Ibagué)

Este delito, establecido en el artículo 413 del Código Penal, se configura cuando un servidor público profiere una resolución, un dictamen o un concepto manifiestamente contrario a la Ley, como habría ocurrido en este caso.

Según el ente acusador, los concejales incluyeron en la lista de elegibles a Sánchez, quien no obtuvo el puntaje mínimo en las pruebas (80 puntos).

Los concejales cambiaron las reglas de la convocatoria y el resultado no se tuvo en cuenta, sino que se escogería a cualquiera de los cuatro finalistas. (Ver: Así dice mentiras el Concejal de Ibagué que fue contratista del Contralor Ramiro Sánchez)

En el ámbito político, la estrategia les permitió elegir al candidato de los partidos Liberal y Cambio Radical y quien fue director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) en el Tolima, donde laboró durante 31 años. (Ver: Ibagué se quedó sin Contralor y encargan a una persona con poca experiencia pública)

Actuaron con dolo

No obstante, para la época, quien debió ser electa es la abogada Marcela Jaramillo, al obtener la calificación más alta del concurso de méritos: 83.1 sobre 100.

Sin embargo, los concejales se excusaron en la posible inhabilidad que tendría Jaramillo, al haber ejercido como Personera Delegada para los asuntos disciplinarios en la Personería de Ibagué. (Ver: En elección de Contralor no "hubo dinero por debajo de la mesa": Camilo Delgado)

No obstante, Sánchez, fue objeto de los mismos señalamientos, pues había ocupado en el año inmediatamente anterior a su elección el cargo de director territorial del Tolima de la Esap, con injerencia en Ibagué.

Jaramillo interpuso una acción de nulidad que llevó a que el Tribunal Administrativo en septiembre de 2016, anulara la elección y que fue confirmada por el Consejo de Estado, el 4 de mayo de 2017. (Ver: Contralor electo de Ibagué está inhabilitado, asegura Wilson Leal)

El Consejo de Estado estableció que Sánchez estaba inhabilitado al haber suscrito contratos como Director de la Esap, dentro del año anterior a su elección, lo cual le generó su destitución del cargo.

La interinidad

Debido a las decisiones erróneas del Concejo, hubo un largo periodo de interinidad en la Contraloría de Ibagué. El exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, encargó al entonces director administrativo de la Contraloría Municipal de Ibagué, Diego Visash, quien ejerció funciones por 15 meses. (Ver: "El Alcalde Jaramillo quería un Contralor de bolsillo": Mauricio Visash)

Sin embargo, el exmandatario lo sacó al convertirse en la ‘piedra en el zapato’ de su administración al denunciar varios contratos y convenios.

Acto seguido, los concejales de la coalición del gobierno, designaron a Julio César Vásquez Figueroa como el Contralor Municipal encargado, quien es militante Liberal y de cuna ‘jaramillista’.

Su gestión fue ampliamente cuestionada desde diferentes sectores políticos por su ineficacia y pocos resultados en materia de control fiscal.

La leve sanción de la Procuraduría

La Procuraduría General sancionó con suspensión de nueve meses a los 15 concejales que eligieron a Ramiro Sánchez como Contralor de Ibagué. Aunque la decisión cobijaba al concejal Carlos Andrés Portela, esta no se hizo efectiva, pues este renunció al Concejo para ejercer labores en la Gobernación del Tolima. 

El fallo quedó en firme a principios del año pasado, obligando a los cabildantes a no ejercer funciones y tampoco a devengar honorarios durante el tiempo de la suspensión. (Ver: Concejales sancionados de Ibagué buscan millonaria indemnización)

¿Qué sigue?

La Fiscalía imputó cargos a los 15 excabildantes, en agosto del año pasado en diferentes juzgados de la capital. Ninguno aceptó su responsabilidad. (Ver: Concejales de Ibagué sancionados por la Procuraduría retomaron labores en medio de controversia)

Una vez, el ente acusador presente escrito formal de acusación, se dará paso a la etapa de preparación de juicio oral.