Exfuncionarios de Luis H. entrarían a responder ante la Fiscalía por contrato para la construcción del tanque de la Zona Industrial
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La Contraloría Municipal de Ibagué compulsó a la Fiscalía el informe de auditoría realizado al contrato 2511, de 2015, cuyo objeto era la ejecución e instalación del tanque de almacenamiento de la Fiscalía, hoy Zona Industrial, para reforzar el suministro de agua potable a la zona de expansión de Picaleña.
El órgano de control determinó que los funcionarios que intervinieron en el proceso precontractual posiblemente incurrieron en el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, toda vez que no fueron incluidas las actividades para la construcción de la línea de conducción que alimentaría el tanque, no se contaba con los permisos requeridos para el tendido de la tubería, como tampoco se incluyó en el presupuesto la elaboración de la caseta de operaciones.
El contrato fue suscrito por la exsecretaria de Tránsito Martha Liliana Pilonietta Rubio con el Consorcio Atria por un valor de 9.970 millones de pesos.
Sin embargo, debido a estas irregularidades la Alcaldía de Ibagué adicionó 3.120 millones de pesos para cubrir las actividades faltantes y los costos generados para la obtención de los permisos.
"Antes de llevarse a cabo la gestión contractual debieron de haberse previsto los inconvenientes hallados y evitar los traumatismos que produjeron el pago mayor de lo contratado inicialmente, circunstancias estas que se enmarcan en una falta disciplinaria y posiblemente penal, (...) esto es por cuanto se faltó a los deberes y obligaciones que le asiste a los servidores encargados de la contratación y de la supervisión del contrato y por cuanto se celebró el contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, es decir, violentando los principios de planeación, eficacia, responsabilidad y economía", puntualizó la Contraloría.
La Administración del exalcalde Luis H. Rodríguez designó como supervisor a Juan Guillermo Cardoso. No obstante, este proceso fue liderado por el exsecretario de Desarrollo Rural Francisco Montoya.
"Se puede establecer que los servidores públicos y los contratistas faltaron a sus deberes, obligaciones y prohibiciones, siendo estos ineficaces, ineficientesy antieconómicos", concluyó la Contraloría.
Un elefante blanco
La obra fue suspendida en cinco oportunidades y finalmente en agosto de 2019, durante la Administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, se declaró el incumplimiento al Consorcio Atria y se liquidó el contrato.
Según la Contraloría, entre octubre de 2018 y abril de 2019 el contratista no instaló ni un metro de tubería.
La Alcaldía de Ibagué exigió al Consorcio y a la aseguradora el pago y la devolución de 6.881 millones de pesos.
En enero del año pasado, Seguros del Estado pagó al municipio 3.475 millones de pesos sin que el contratista dé cumplimiento a la sanción.
La Contraloría cuestionó la falta de acción de cobro por parte de la Secretaría de Hacienda para recobrar el valor adeudado por 3.406 millones de pesos.
El Consorcio Atria demandó al municipio para que se le reconozca más de 3.000 millones de pesos ya que para ellos los retrasos y la no culminación de las obras fueron responsabilidad del municipio. (Ver: Contratista del Tanque de la Zona Industrial afirma que la obra no se entregó por culpa de la Alcaldía de Ibagué).
A la fecha la obra tiene un porcentaje de ejecución del 55,35 % y el tanque se encuentra almacenado en una bodega de la ciudad en dominio del contratista.
