Denunciarán ante la Fiscalía la feria de contratos de personal en el Ibal durante el último año de gobierno de Jaramillo

En los pasillos de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) siempre se escuchó que el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo había dejado la nómina de la entidad llena de recomendados políticos, familiares de sus amigos y aliados electorales, pero eso no se había podido demostrar, hasta ahora. (Ver: Jaramillo reapareció en su juicio por el Alumbrado Navideño, acompañado por su exzar anticorrupción)

EL OLFATO tuvo acceso a un informe de la Contraloría Municipal en el que se comprobó que la planta de personal del Ibal fue ampliada de manera irregular, “sin contar con la respectiva viabilidad presupuestal, como consta en las certificaciones expedidas por los funcionarios (…), poniendo en riesgo las finanzas de la empresa”.

La auditoría del ente de control detectó que en el Ibal fueron contratadas 145 personas en el año 2019. El costo para la empresa fue de $15.400 millones (por los 24 meses de vinculación).

Sin embargo, los hechos más graves ocurrieron en el último año de la administración del médico Guillermo Alfonso Jaramillo, lo cual tendrá consecuencias penales para muchos de sus colaboradores.

Al parecer, por el afán de dejar contratistas vinculados y asegurar la subsistencia de su movimiento político, el Ibal incluyó en la nómina a personas que no se necesitaban.

Así lo advirtieron formalmente los funcionarios encargados de esos procesos. El 26 de diciembre del año 2019, la funcionaria Diana Alexandra Guzmán, del área de Talento Humano del Ibal, le escribió por lo menos cuatro oficios a la entonces directora Administrativa y Financiera, Cielo Constanza Moica, en los que le advirtió que cuatro personas contratadas por la empresa no se requerían.

Guzmán le dice que “el 20 de diciembre de 2019 recibimos su oficio No 600-377 emanado de su Dirección, donde me solicita ingresar a la nómina de la Empresa, el siguiente personal: Iriana Mabel Flórez Arias y Parmenio Bernal Guayacundo”, pero que el líder del proceso de Gestión Documental, mediante otro oficio, “nos manifiesta que no requiere este personal”.

Lo mismo ocurrió con la contratación de Edwin Leonel Godoy Escobar y Aquiles Barreto Tapiero. Por eso, la funcionaria anotó: “Le solicito muy comedidamente nos envíe el procedimiento a seguir, ya que esta situación a mi parecer es muy delicada, pues estas personas, están devengando, vinculadas desde el 23 de diciembre”.

Estos cuatro contratos laborales, suscritos con personal que no se necesitaba, le costaron al Ibal $87.424.650, lo cual se convirtió en un hallazgo fiscal, disciplinario y penal.

“Consecuente con lo anterior, se está ante la presunta suscripción de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, conducta punible contemplada en el artículo 410 del Código Penal”, advierte el documento de la Contraloría de Ibagué.

“Hubo gente que por dignidad prefirió renunciar, porque no había nada qué hacer”, añadió.

El ambiente laboral en el Ibal no fue el mejor en el último trimestre del año 2019. A la empresa llegaron muchas personas que venían “con la bendición” del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien era el presidente de la junta directiva y el único que decidía a quién se contrataba y a quién no.

“Hubo gente que aunque necesitaba el trabajo, prefirió renunciar por dignidad. El ambiente era tenso porque llegaban a las oficinas a hacer nada. No teníamos qué ponerlos a hacer. A uno le daba rabia que siguieran desangrando la empresa con favores políticos, con las típicas ‘corbatas’”, dijo uno de los directivos que rechazó la inclusión de personal.

Esta situación será puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que en 2019 conoció una denuncia sobre el presunto pago de favores políticos entre la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y los concejales oficialistas de ese momento, quienes habrían autorizado los créditos bancarios y la ampliación de la planta de personal a cambio de contratos para sus familiares y amigos.

Según el denunciante, las hojas de vida pasaron por el escritorio y el computador de un funcionario identificado como “Lucho”, quien sería el encargado de recibir y tramitar los currículum de los cabildantes cercanos a Jaramillo.

El caso también fue indagado por la Procuraduría Regional del Tolima, pero se desconocen los resultados de estas averiguaciones.