Contratistas del ‘puente fantasma’ de Hurtado exigen $58.000 millones de indemnización

Lo que mal empieza, mal termina. El fallido puente elevado de la carrera Quinta con calle 60, una de las obras más cuestionadas de la administración del exalcalde Andrés Hurtado, sigue generando polémica.

El Consorcio Puente Carrera 5, integrado por los empresarios Roberto José Gutiérrez, Olaguer Agudelo Prieto y la empresa Megaobras Infraestructura S.A.S., presentó una demanda contra el Municipio de Ibagué, exigiendo una indemnización de $58.000 millones tras la declaratoria de incumplimiento del contrato.

El Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda, que quedó en manos del magistrado José Aleth Ruíz Castro, un funcionario judicial señalado en repetidos escándalos de presunta corrupción. (Ver: Admisión de la demanda)

Ruíz ha sido acusado de exigir dinero para direccionar fallos judiciales, mientras que su esposa, Ligia García, fue destituida de la Procuraduría Provincial de Ibagué por hechos similares.

Reclaman hasta por ‘daño al buen nombre’

Entre las pretensiones económicas de los contratistas hay solicitudes de todo tipo. Exigen que los contribuyentes de Ibagué les paguen $569.400.000 por la afectación a su “buen nombre” en medios de comunicación, además de $10.000 millones por perjuicios materiales, lucro cesante y daño emergente.

También piden el reintegro de $1.370 millones por estampillas y la devolución de la multa de $3.914 millones impuesta por la alcaldesa Johana Aranda, entre otros valores.

De aliados de Hurtado a ‘víctimas’ del Municipio

Los contratistas, cercanos al entonces alcalde Hurtado, mantuvieron una relación de confianza con su administración hasta que su sucesora, Johana Aranda, decidió liquidar el contrato y sancionarlos con $3.914 millones el 4 de junio de 2024. (Ver: Los detalles desconocidos de la sanción de $3.914 millones que recibió el contratista del puente de la 60)

La medida generó molestia en Hurtado, quien cuestionó públicamente la valentía de Aranda por no continuar con el proyecto. (Ver: Hurtado dice que a Aranda le faltó «valentía» para sacar adelante el puente de la 60)

Sin embargo, tras el inicio de la liquidación del contrato, los contratistas cambiaron de postura y ahora, en su demanda, revelan irregularidades en la adjudicación y planeación del proyecto.

Diseños fallidos, pactos ocultos y silencios estratégicos

El consorcio sostiene que el contrato fue adjudicado con graves fallas de planeación y diseños técnicamente inviables, elaborados por los ingenieros Sharon Guzmán y Diego Herrán, entonces funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Ibagué y hoy asesores del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en la administración Aranda.

Pese a estas irregularidades, los contratistas aceptaron en silencio la deficiencia de los diseños y se comprometieron a rediseñar la obra sin exigir ajustes presupuestales, con la promesa de que después encontrarían la forma de recuperar esos costos

“Olaguer contrató los rediseños y dijo que después se buscaría la manera de recuperar ese dinero. Lo que entregó la Secretaría de Infraestructura no era funcional y debió rediseñarse todo, pero estuvieron calladitos para no alertar a los organismos de control”, reveló a EL OLFATO un exempleado del consorcio.

Este silencio estratégico evitó que el escándalo estallara antes de las elecciones de octubre de 2023, protegiendo así la imagen de Hurtado y de su candidata. (Ver: Así desviaron $1.600 millones del puente de la 60 a familiares de Olaguer Agudelo)

Un Municipio permisivo y una interventoría complaciente

El consorcio argumenta en su demanda que nunca fueron sancionados durante la ejecución del contrato, lo que interpretan como una irregularidad del Municipio y la interventoría.

“Durante la ejecución del contrato, cuando la entidad tenía la facultad de imponer sanciones para evitar la paralización de la obra, la interventoría nunca inició procesos sancionatorios, a pesar de que el contratista no estaba cumpliendo”, afirmó Clarena Rocío Valencia, abogada del consorcio.

Una fuente cercana a la desaparecida unión temporal explicó a EL OLFATO que este pacto de omisión benefició tanto a la Alcaldía como a los contratistas.

“La Secretaría de Infraestructura no sancionaba porque los contratistas estaban rediseñando el puente sin hacer ruido. Era un acuerdo de: hagámonos pasito. Además, los interventores eran amigos de Sharon Guzmán y familiares de Carlos José Corral, gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía. En conclusión, todos eran amigos y se protegían entre ellos”, aseguró la fuente. (Ver: No hubo puente de la 60, pero la interventoría se embolsilló casi $2.000 millones)

El pleito que podría costarle millones a Ibagué

Ahora, el litigio avanza y los contratistas buscan no solo evitar la sanción impuesta por el Municipio, sino también una millonaria compensación por los supuestos daños económicos y morales derivados de la liquidación del contrato.

En su demanda, el consorcio asegura que sufrió “angustia, zozobra, incertidumbre e impotencia” y que, además, perdió otras oportunidades contractuales por haber apostado por este proyecto mal planeado.

El caso del ‘puente fantasma’ del hurtadismo se convirtió en un símbolo de la falta de planeación, la improvisación y las alianzas políticas que terminan en demandas millonarias contra las arcas públicas.

Ahora, será la justicia la que determine quién debe asumir la responsabilidad por este escándalo que sigue ensombreciendo la administración de Ibagué. No obstante, la Fiscalía Seccional Tolima brilla por sus escasos resultados en materia de lucha contra corrupción. (Ver: CTI adelantó inspección a la Alcaldía de Ibagué por puente de la 60)

Mientras tanto, el exalcalde Andrés Hurtado sigue en campaña para convertirse en el próximo Gobernador del Tolima, grabando videos en los que advierte supuestas inconsistencias en el viaducto que la gobernadora Adriana Matiz y la alcaldesa Johana Aranda planean ejecutar en la glorieta de Mirolindo.

Ambas mandatarias han asegurado que quieren sacar adelante este proyecto, pero sin las irregularidades ni la falta de planeación que marcaron la administración de Hurtado.