¿Inpec silenció a dos testigos del desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué?

Algo extraño ocurre en la cárcel nacional de Picaleña de Ibagué. Sin explicación jurídica alguna, la institución ha impedido que dos de los condenados por el escándalo de los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué de 2015 concedan entrevistas a ELOLFATO, pese a que ellos mismos han expresado su interés en hablar con este medio de comunicación.

Los internos Amaury Elías Blanquicet y Wilmer Manchola Cano, sentenciados a seis y 16 años de prisión, respectivamente, contactaron a esta redacción con el propósito de contar nuevos detalles sobre el desfalco más grande en la historia de la ciudad, cometido durante la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez, detenido hoy en la cárcel de El Espinal.

Los testimonios de Blanquicet y Manchola son muy importantes porque ambos estuvieron al servicio del abogado Orlando Arciniegas, conocieron de cerca la estrategia de ocultamiento de los recursos públicos y, seguramente, pudieron establecer quiénes eran los empresarios y políticos del Tolima que desde la sombra ‘protegían’ al entonces todopoderoso asesor que actuaba a sus anchas en los gobiernos locales y departamentales.

Las dos entrevistas fueron tramitadas ante la oficina de comunicaciones del Inpec en Bogotá, en periodos diferentes, pero nunca hubo respuesta. Al día de hoy, nadie en la entidad ha podido explicar quién, desde la cárcel de Picaleña, determinó ignorar estas solicitudes. Pues según los dos detenidos, las entrevistas fueron autorizadas por ellos y tampoco entienden qué pasó.

El caso Blanquicet

A finales del mes de febrero de este año, los periodistas de ELOLFATO fueron contactados por el docente universitario Maury Elías Blanquicet, una de la personas que utilizó Orlando Arciniegas para esconder los recursos ilícitos que pagó la multinacional española Typsa por el contrato de estudios y diseños de los escenarios que se construirían para los fallidos Juegos Deportivos Nacionales, y los cuales tuvieron un costo de $11.500 millones.

Blanquicet pidió que le enviáramos el cuestionario y que, paralelamente, tramitáramos la entrevista ante la dirección del Inpec en Bogotá. Y así lo hicimos.

El 31 de marzo, a las 10:59 de la mañana, dirigimos una comunicación vía correo electrónico a la oficina de prensa del Inpec en la que solicitábamos la entrevista y anexamos las 14 preguntas del cuestionario. Sin embargo, dos meses después, volvimos a contactar al Inpec para saber en qué iba la petición pero dijeron que era necesario hacer de nuevo el trámite. El segundo mensaje se envió el 13 de junio, a las 11:51 de la mañana, y jamás hubo respuesta.

El caso Manchola

Con Wilmer Manchola Cano pasó lo mismo. Una persona cercana a él nos buscó y transmitió el mensaje enviado desde la cárcel de Picaleña.

Machola Cano está interesado en conceder una amplia entrevista sobre lo que pasó, desde su punto de vista, con el saqueo a las finanzas públicas de Ibagué.

De inmediato, tramitamos el permiso. Escribimos al mismo correo electrónico de la oficina de comunicaciones del Inpec, el día 31 de octubre, a la 1:13 de la tarde. Como nadie contestó, presentamos la solicitud en dos oportunidades más: el día 15 de noviembre y el pasado 6 de diciembre. Sospechosamente, la dirección de la cárcel de Picaleña de Ibagué decidió no responder.

Queja a la Procuraduría

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación para que determine si existen méritos para iniciar la investigación sobre las presuntas faltas disciplinarias cometidas por parte de los funcionarios del Inpec.

Y es gracias a esta obstrucción a la prensa, que la ciudadanía no puede conocer más información sobre la actuación criminal de exfuncionarios y exasesores de la Alcaldía de Ibagué que convirtieron los recursos de los Juegos Deportivos Nacionales en su botín personal.