Sancionan de nuevo al alcalde de Ibagué por otro desacato
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Sigue la mala racha del alcalde Andrés Hurtado con la justicia, pues nuevamente el mandatario deberá pagar una multa por desacato a una acción popular de hace 13 años.
La decisión fue tomada por el Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito de Ibagué, quien sancionó al mandatario porque en ese entonces no se construyó la red de acueducto para la vereda Carmen de Bulira, pese a que desde el 2010 había un fallo que así lo ordenaba.
La multa, que asciende a los $3.480.000, deberá ser pagada con los recursos propios del alcalde.
Igualmente, el fallo menciona que esta sanción involucra a Sandra Liliana García, actual Secretaria de Infraestructura del Tolima, quien para ese entonces era la Gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, Ibal.
Sin embargo, García aseguró a esta redacción que aún no ha sido notificada, puesto que esta decisión afectaría a la actual gerende de la empresa, Erika Palma.
A pesar de que a las autoridades les asistía la obligación de resolver este problema en un plazo no superior a los 14 meses, en el 2020, fue necesario ordenar la apertura del incidente de desacato al ver que no se cumplió con lo ordenado el fallo.
“No se observa ninguna actividad de trascendencia que propenda por dar solución a la problemática de salud pública de la comunidad de la Vereda del Carmen de Bulira”, analizó el juez.
En su lugar, a lo largo de los años posteriores al fallo de acción popular, se adoptaron medidas que, para nada, solucionaban el problema desde la raíz.
Tales como el suministro de agua potable por medio de carrotanques en la zona y la entrega de un tanque de almacenamiento de 20.000 litros y tubos de conducción.
Sin embargo, la obra que realmente necesitaba la vereda, es decir, una red moderna de acueducto, se quedó en contratos de consultoría y nunca se realizó.
Lo que preocupa si se tiene en cuenta que las deficientes fuentes de suministro de agua de la zona proporcionaron en los años 2018 y 2019 un líquido catalogado como de alto riesgo para el consumo humano.
“Lo cierto es que a la fecha estas circunstancias no configuran situaciones que mitiguen o justifiquen la demora en el cumplimiento del fallo, además de haber sido enfático el despacho en considerar que una vez vencido el plazo de 14 meses, debían los habitantes del municipio de la Vereda Carmen de Bulira de Ibagué gozar del suministro de agua apta para el consumo humano en estricto cumplimiento de los estándares establecidos por la normatividad vigente”, mencionó el juez.
“No obstante, esto no ha ocurrido y las entidades siguen imputando culpas sin avenirse a sus propias responsabilidades, en desmedro de la calidad de vida de los habitantes de la Vereda Carmen de Bulira y en grave atentado a la salud y vida de estos ciudadanos”, agregó.
La decisión del juez se conoce casi al mismo tiempo que los líos jurídicos que tiene el mandatario por no haber construido unos puentes peatonales en la zona rural del municipio. (Ver más: Tribunal Superior de Ibagué levantó el arresto domiciliario de Hurtado)
Sobre este tema, la oficina jurídica de la Alcaldía de Ibagué manifestó que se convocó a reunión con las dependencias competentes para que suministren la información que permita solicitar la inaplicación de la sanción.
