Sancionan al exzar anticorrupción de Jaramillo por ‘tumbar’ a un cliente en Ibagué

El abogado penalista Augusto Ocampo Camacho, quien fue el zar anticorrupción de Ibagué, fue suspendido por estafa.

Así lo anunció la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué, la cual, a través de un fallo sancionatorio, le impuso al abogado una multa de seis salarios mínimos mensuales, es decir, unos $7.800.000, y la suspensión de su ejercicio profesional por cuatro meses. ¿Por qué?

Ocampo, quien trabajó en la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, es señalado de cobrar $10 millones por un trabajo que nunca hizo.

Su cliente, al que estafó, es un ingeniero condenado a 16 años de prisión por las irregularidades en el desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué.

Esta persona, de nombre Wilmer Manchola Cano, contrató los servicios del abogado Ocampo para que le ayudara a presentar un recurso de revisión, es decir, solicitar la apertura de un nuevo proceso ante la Corte Suprema de Justicia para reducir o anular la condena por considerarla injusta.

Por ese ejercicio, Ocampo le cobró $10 millones a su cliente en marzo de 2020.

Sin embargo, el condenado se enteró tiempo después que su abogado no solicitó ningún recurso de revisión de la sentencia, por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Para la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué esta actuación fue considerada como “grave”, pues tampoco devolvió la plata.

“Es evidente que el profesional del derecho Ocampo Camacho tenía conocimiento de su proceder irregular, por cuanto sabía que debía promover el recurso para el cual fue contratado o, en su defecto, reintegrar a su cliente la suma recibida por concepto de honorarios, sin cumplir hasta esta altura procesal con ese deber de honradez profesional”, dijo la Comisión.

El fallo sancionatorio, de 31 páginas, asegura que hay pruebas documentales como conversaciones de WhatsApp y extractos bancarios que confirman la consignación del dinero y los reclamos que le hizo el ingeniero condenado a su apoderado por no cumplir los servicios para los cuales lo contrató.

“El profesional del derecho atentó, de manera deliberada, contra el deber de honradez profesional, por cuanto dejó de presentar dentro de la oportunidad legal el recurso de revisión para el cual fue contratado, habiendo recibido para tal fin una considerable suma de dinero, sin reintegrar esa suma a su legítimo dueño”, concluyó el fallo.