Renunció Edilberto Pava: el secretario que Hurtado no pudo sostener
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El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, viene de tumbo en tumbo. En las últimas semanas ha tenido que enfrentar duras críticas por los presuntos sobrecostos en los mercados que adquirió para la emergencia del COVID-19, la polémica por violar el aislamiento social en el cumpleaños de su jefe político Óscar Barreto, el choque con la periodista Camila Zuluaga de Caracol Noticias y ahora el fallido nombramiento de Edilberto Pava como Secretario de Desarrollo Social. (Hurtado dice que quienes lo critican por ir al cumpleaños de Barreto “los embarga el corona chisme”)
EL OLFATO pudo confirmar que Edilberto Pava renunció este lunes 13 abril, y en su reemplazo fue nombrado Carlos Portela en calidad de encargado.
Fuentes de la Alcaldía de Ibagué confirmaron que Pava prefirió hacerse a un costado ante los insistentes rumores de una presunta inhabilidad para ocupar ese cargo. (Hurtado borró los irónicos trinos que le escribió a la periodista Camila Zuluaga por la crítica a la violación de la cuarentena)
Varios abogados sostienen que el fugaz exsecretario violó el artículo 272 de la Constitución Política, norma en la cual están consignadas las inhabilidades para quienes se han desempeñado como contralores.
“Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones”, advierte la carta magna.
La dimisión tomó por sorpresa al equipo directivo de la Alcaldía de Ibagué y al mismo grupo político del alcalde Hurtado, pues nadie se imaginaría que un nombramiento tan controversial durara apenas 72 horas. Pava asumió el cargo el pasado jueves 9 de abril.
¿Hurtado será investigado?
Al parecer, el mandatario hizo esa vinculación sin calcular dos cosas: primero, la imagen negativa que generaría esta decisión administrativa porque -para muchos- se trató a un abierto pago de favores políticos entre un exfuncionario de la Gobernación del Tolima -Hurtado- y un excontralor departamental -quien debía vigilar a Hurtado y a todos los barretistas que hicieron parte de la pasada administración de Óscar Barreto-.
El segundo efecto, el más peligroso, son las investigaciones disciplinarias y hasta penales que podría enfrentar.
El Código Único Disciplinario dice que: “Nombrar a una persona en quien concurra causal de inhabilidad es considerada por la ley como falta gravísima que conlleva la destitución e inhabilidad entre 10 y 20 años”.
Algo similar a lo que pasó con Alberto Girón en el Ibal durante la Administración de Guillermo Alfonso Jaramillo. Sin embargo, en el Tolima ya se sabe que la Procuraduría General de la Nación es un ente de control poco eficaz.
Pero también está expuesto a un nuevo proceso penal por el presunto delito de prevaricato. El artículo 413 del Código Penal tipifica el prevaricato como la conducta en la que incurre un servidor público cuando profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Esta conducta es castigada con pena de prisión entre cuatro a 12 años.
