Procuraduría advierte incumplimientos de la Alcaldía de Ibagué en un convenio con el Inpec

La Procuraduría General de la Nación requirió a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y al secretario de Gobierno municipal, entregar un informe detallado sobre los avances en el cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 1557 de 2024, suscrito con el Inpec, que busca mejorar la infraestructura y operación del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Ibagué (Coiba).

Según informó el Ministerio Público, durante una visita realizada a comienzos de 2025, el Director del Coiba manifestó que la Administración Municipal solo habría cumplido con el 30% de los compromisos pactados. A pesar de la llegada de 600 personas privadas de la libertad desde la firma del convenio, las gestiones de la Alcaldía han sido limitadas, aunque se confirmó la publicación en el Secop de una oferta para adquirir dos busetones por un valor de $1.000 millones. El convenio fue prorrogado por cuatro meses.

Una de las principales preocupaciones de la Procuraduría radica en el agravamiento del hacinamiento en la Permanente Central. Aunque a comienzos de año se había logrado una reducción, el incumplimiento del convenio ha provocado un nuevo incremento que supera el 200%. Esta situación fue verificada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué y la coordinación de las procuradurías judiciales penales, en visitas periódicas al centro de detención transitoria.

El ente de control recordó que años atrás este tipo de negligencias llevaron a niveles críticos de hacinamiento, con cifras que rondaban el 700%, y advirtió que se requieren acciones inmediatas para evitar una nueva crisis.

La actuación preventiva busca evitar la vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad y garantizar el cumplimiento efectivo del convenio, cuyo objetivo es aunar esfuerzos administrativos, jurídicos y logísticos para mejorar el sistema carcelario en la región.