Portal de San Gabriel: de proyecto de viviendas para periodistas a reubicación de familias en alto riesgo
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El proyecto de vivienda de interés social prometido a 300 comunicadores del Tolima se esfumó. La Alcaldía de Ibagué a través de la Gestora Urbana destinará el lote a la reubicación de las 150 familias que viven zona de alto riesgo en el barrio Baltazar. (Ver: Primer exfuncionario llamado a responder por el fallido proyecto de vivienda Portal de San Gabriel)
El predio, ubicado en el sector de Aparco - Picaleña, fue designado por la Alcaldía de Ibagué, a través de la Gestora Urbana en 2014, para la construcción del proyecto de vivienda para periodistas. Para esto, se suscribió el contrato 018 con la constructora Ávila por $2.305 millones el cual fue liquidado en la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo (2016-2019).
El Municipio y la Gobernación del Tolima suscribieron un convenio para apalancar el proyecto y del cual solo se avanzó con las obras de urbanismo. El ente territorial reclama vía cobro coactivo la devolución de los $1.804 millones aportados para otorgar 300 subsidios de vivienda. (Ver: Personería imputó cargos a exgerente de la Gestora Urbana y dos exfuncionarios por firma del contrato del portal de San Gabriel)
"Hemos venido trabajando desde el 3 de enero en el sentido que el Ministerio de Vivienda con el Presidente de la República me pidieron el lote para las soluciones de vivienda del Baltazar. Este lote ya está dispuesto para construir allí 150 soluciones de vivienda", dijo el alcalde Andrés Hurtado.
El mandatario informó que la reubicación de las familias será asumida por el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
El pasado 3 de enero un alúd de tierra se llevó al menos nueve viviendas cuyas familias fueron reubicadas temporalmente en el barrio las Ferias. (Ver: 150 familias del barrio Baltazar en Ibagué recibirán viviendas gratuitas)
Según Hurtado se espera que en diciembre ya estén adjudicados los subsidios por parte del Ministerio de Vivienda a los beneficiados para iniciar obras.
"A mi me dijeron ponga el predio que nosotros ponemos la plata. Ya hicimos lo más difícil que fue buscar que se subsidiara 100 % la vivienda porque los programas del Gobierno Nacional por lo general son 60/30 y allí logramos el 100 % del subsidio, porque la Alcaldía puso el lote y el Gobierno Nacional los subsidios. Ya tenemos todo el papeleo radicado en Bogotá, se hicieron todas las mesas de trabajo y nos dieron el visto bueno y ya estamos en manos del Gobierno Nacional", acotó Hurtado.
Un proyecto viciado
La Gestora Urbana adjudicó a la Constructora Ávila el proyecto cuyo costo de inversión sería de $24.948.000.000 y sin que excediera los 23 de meses de ejecución.
El Banco de Tierras asumiría la construcción de las obras de urbanismo, pero a través de una modificación al contrato trasladó la obligación al contratista.
Para esto, avaló el giro de recursos a favor de la constructora por $1.152 millones y que pertenecían a los dineros girados por el Departamento para otorgar los subsidios.
El proyecto no se concretó y el Departamento inició el proceso jurídico para recuperar los aportes. Las obras fueron abandonadas y tanto la Personería como la Fiscalía formularon pliegos de cargos.
La Personería vinculó a la exgerente de la Gestora Piedad Lorena Velásquez; al supervisor del contrato, Juan Carlos Granados, y al exjefe de la Oficina Jurídica Rafael Fuertes Arias quienes habrían avalado la modificación del contrato inicial.
El ente acusador imputó cargos por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales al exgerente de la Gestora José Arlen Márquez.
Márquez, al parecer, no realizó el respectivo estudio de títulos, el estudio urbanístico y el diagnóstico catastral del bien inmueble, el cual debía ser entregado en especie al socio gestor mediante fiducia inmobiliaria para el desarrollo del proyecto y su usufructo.
