Ordenan traslado de reclusos por el hacinamiento en la Permanente y las salas del CTI

El Tribunal Administrativo del Tolima en un fallo, ordenó a los entes relacionados encargados, por el hacinamiento en la Permanente Central y las salas transitorias  del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, a ejecutar acciones para conseguir recursos para que adelanten obras de infraestructura en estos lugares.

En el mismo, dio diferentes órdenes a la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, los Ministerios de Justicia y Hacienda, al Inpec y la Uspec. 

La sentencia de primera instancia, es en favor de las personas privadas de la libertad que se encuentran en cada uno de estos lugares. En la Permanente Central se encuentran en la actualidad 501 personas y cuenta con una capacidad para máximo 100 personas. 

Los privados de la libertad 

En el fallo ordenó al Inpec, a la Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía para que efectúen las gestiones y acciones necesarias para trasladar a los establecimientos carcelarios a todas las personas condenadas que se encuentran en estos dos centros de reclusión transitorios. 

La orden fue dada para que en un término dos meses, luego de la notificación, para que trasladen a quienes los jueces les hayan impuesto la medida de detención preventiva en el lugar de residencia o concedido la prisión domiciliaria, cuya ejecución esté pendiente. 

También le ordenó a la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué para que efectúen las acciones para conseguir las fuentes de financiación para la celebración de convenios con el Inpec y la cárcel de Picaleña.

Lo anterior con el fin de recibir a las personas que, están recluidas en centros de reclusión transitorios, para los procesados que les han impuesto una detención preventiva. 

Advirtió el Tribunal que, los convenios deberán subsistir hasta que se solucione de forma definitiva el problema estructural de hacinamiento en los centros transitorios, buscando evitar la excesiva prolongación de tiempo de los procesados en estos lugares. 

Además, le ordenó a la Gobernación y la Alcaldía para que en un término de un mes, verifiquen el régimen de afiliación o aseguramiento en salud en el que se encuentran cada persona detenida en estos centros de detención transitorios. 

Deberán garantizar la afiliación en salud, reportar las novedades que correspondan y deberán gestionar la atención en salud para garantizar los traslados necesarios. 

Centros de reclusión transitorios 

Asimismo, les ordenó a la Gobernación y a la Alcaldía para que en un plazo de seis meses busquen recursos, realicen los trámites administrativos presupuestales y de contratación para que efectúen las obras de infraestructura que requieren la Permanente Central  de la Policía y las salas transitorias de la Fiscalía.

Con el fin de garantizar la seguridad, salubridad, higiene y sanidad. Además que cuenten con acceso a los servicios sanitarios, de agua potable, ventilación, luz solar y un lugar apropiado para pernoctar, recibir las visitas de sus familiares y el acceso a los servicios de salud de urgencias, y control. 

El Tribunal además ordenó al Inpec, a la cárcel de Picaleña y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (Uspec), para que en un término de seis meses, consigan recursos, efectúen los trámites administrativos, presupuestales y de contratación para que realicen las obras de infraestructura en el complejo carcelario de Picaleña. 

Lo anterior, con el fin de que todos los pabellones de este establecimiento se encuentren a disposición, garantizando las condiciones, para que se aumenten los cupos carcelarios que tiene disponible. 

Cupos en la cárcel y adecuación carcelaria

Le ordenó tanto a los Ministerios de Justicia y de Hacienda, al Inpec y la Uspec a realizar las gestiones para la ampliación de cupos dentro de la cárcel de Picaleña. Además acompañen, asesoren y cofinancien a la Gobernación del Tolima y la Alcaldía para establecer una planeación de fuentes de financiación. 

Lo anterior, para el aumento de cupos a favor de la población procesada en el Tolima y en especial de Ibagué, y la formulación de un proyecto de infraestructura carcelaria a cargo de la Administración Municipal.

Por último, ordenó a los gobiernos departamental y local, para que de forma coordinada, en un plazo de un año, formule un proyecto para la construcción y adecuación de infraestructura carcelaria destinada a las personas con detención preventiva en un establecimiento de reclusión. 

Con el fin de dar cumplimento a la orden, la fase de diseño, implementación y ejecución de los proyectos de construcción de cárceles para los procesados con medida de aseguramiento de detención preventiva en Ibagué, con un plazo máximo de seis años siguientes a la notificación de la sentencia. 

El fallo es la respuesta a una acción popular proyectada por la Defensoría Regional del Pueblo.