Millonaria sanción ambiental por falta de permisos en obras de Acueducto Complementario
Cortolima impuso una sanción económica a la empresa Ibal por $211 millones porque incumplió con los requerimientos hechos a los permisos ambientales para la construcción y operación del Acueducto Complementario de Ibagué.
El proceso comenzó en 2018, cuando se le exigió al Ibal cumplir una serie de obligaciones como tramitar permisos y autorización ambientales para la ejecución de las obras, es decir, permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal entre otros.
En el listado de 12 requerimientos, también, se exigió entregar diseños y estudios definitivos de la construcción, la actualización del Plan de Manejo Ambiental de la fase I del proyecto, al igual que, diseños de obras complementarias.
Sin embargo, con el paso del tiempo el Ibal no cumplió con dichas exigencias. En uno de los apartes de la resolución 8594 del 29 de diciembre de 2023 se señala que en este caso hay un incumplimiento de las obligaciones impartidas, “lo que se sanciona y reprocha es una omisión que data de 2018, por tales consideraciones no se impondrá medidas correctivas, sino solo la sanción consistente en la multa (...)”.
Obras se habrían adelantado sin permiso
Otro de los detalles que la resolución exponen es que se autorizó la ocupación de cauce con dos cruces subfluviales en el río Cocora que tendrían una longitud de 56.80 metros, igualmente, las obras de protección para el traslado de la tubería.
No obstante, en visita de inspección se verificó que se construyó una estructura para el paso elevado de la línea de conducción el cual no estaba autorizado por la Corporación.
En el documento se señala que “las siete estructuras construidas en la zona de protección y sobre el cauce del río Cocora y demás drenajes no cuentan con permiso de ocupación por parte de Cortolima, sin embargo, ya fueron construidas obras en estos sectores”, se explica en el documento.
Además, desde hace más de cuatro años Cortolima le ha insistido al Ibal integrar en un solo documento las actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental, para adelantar una evaluación completa a la fase I del proyecto.
Y aunque la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué entregó sus argumentos de defensa indicando que había dado cumplimiento a las obligaciones ambientales impuestas, estas no fueron suficientes para lograr librarse de la millonaria sanción.
Para la autoridad ambiental existe un expediente con diferentes informes técnicos “que dan cuenta del incumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución 2451 del 23 de agosto de 2018”.
Lo que encontró la Contraloría
De otra parte, en noviembre de 2023 se conoció que la Contraloría de Ibagué adelantó una auditoría al Acueducto Complementario, inspección que dejó presuntas inconsistencias, entre ellas adelantar obras sin los respectivos permisos ambientales.
De la misma forma, no encontró los permisos de ocupación de cauce que se requerían para intervenir afluentes por donde cruzaría las tuberías que deben llegar al tanque sur del Acueducto Complementario y aunque el Ibal habría aportado los permisos, estos tendría fecha posterior a la ejecución de la obra.