Los interrogantes que giran en torno a la obra del tanque de la Zona Industrial de Ibagué

Aunque con ‘bombos y platillos’ el IBAL anunció hace un mes que fue adjudicada la licitación para construir el tanque de la Zona Industrial, la veeduría VAPI advirtió que todo este proceso tendría un lado oscuro que, poco o nada, ha hecho la Administración Municipal por aclarar.

De acuerdo con Luis Fernando Díaz, ingeniero y representante legal de la veeduría, las autoridades han guardado silencio y no han sido claras con respecto a quién responderá por el hurto de la cimentación de acero del tanque, el cual, según sus estimaciones, fue de $357 millones.

Y es que se conoce que este lugar fue el escenario de un robo continuado que correspondería al 63% de todo el acero que se usaría, debido a que durante años permaneció abandonado y sin vigilancia luego de que la obra inicial fuera suspendida en el 2019. 

Presunto detrimiento patrimonial que, conforme a lo expuesto por VAPI, no tendría dolientes y del cual no se han brindado explicaciones, pese a que los trabajos constructivos están ad portas de comenzar.

Asimismo, la veeduría puso en tela de juicio la legalidad de la adjudicación del contrato de $7.400 millones por parte del IBAL.

Si bien este proyecto era pretendida por el consorcio Aqua Sol, el favorecido de este negocio terminó siendo el consorcio Zona Industrial 2023, cuyo integrante mayoritario (80%) ya ha trabajado con la empresa ibaguereña, en el marco de las obras del Acueducto Complementario.

El problema sería, según expuso Díaz, que el segundo proponente (Aqua Sol) no pudo presentar su propuesta financiera por problemas en la plataforma, "quienes le escribieron varias veces al IBAL. Sin embargo, se hicieron los pendejos y la adjudicaron abruptamente y a las patadas. Obviamente, eso es una adjudicación ilícita. Debieron haber ampliado el plazo”, señaló Díaz.

Integridad del tanque

Aunque con orgullo la gerencia del IBAL informaba hace unas cuantas semanas que el ‘enredo jurídico’ que había hecho que el tanque, el cual se encontraba desde hace años guardado en un almacén en la vía Buenos Aires, fuera subsanado y entregado a la Alcaldía, una serie de preguntas siguen rondando en el aire. 

Uno de ellos está relacionado a si el tanque aún cuenta con la póliza sobre la calidad y garantía de los materiales por parte del contratista inicial, que es el Consorcio Atria, o el fabricante del mismo.

“Al estar por seis años guardado, yo me pregunto cómo va a funcionar todo eso, pues necesitamos saber si al estar tanto tiempo guardado el tanque sufrió afectaciones”, mencionó Díaz.

Si bien en el acta de entrega y recibo del tanque consta que se realizó una inspección al sitio de almacenaje para determinar que todas las piezas se encontraran completas y bien selladas, el veedor sostuvo que no hubo una revisión a detalle el estado del material.

Almacenamiento por siete años que, dicho sea de paso, le habría costado a los contribuyentes y al Consorcio Atria, un estimado de  $504 millones.

EL OLFATO contactó a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, quien en su calidad de ordenadora del gasto debiera dar respuesta a estas inquietudes. Sin embargo, al cierre de la presente edición no fue posible obtener respuesta. 

¿Qué dicen las autoridades?

EL OLFATO contactó a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, quien en su calidad de ordenadora del gasto reconoció que en el proceso de recepción y traslado de las cajas, estas no fueron manipuladas, por lo solo hasta el momento del ensamble se podrá identificar su integridad. 

Sin embargo, la entidad aclaró que “la estructura tiene una vigencia de 10 años, a partir de la fecha de entrega; certificación dada por el fabricante, la empresa y el constructor”.

Además la Secretaría de Ambiente informó que aún no es claro quién será el responsable del pago de las obligaciones, incluyendo el arrendamiento en el que estuvo guardado el tanque, debido a que la liquidación del contrato del 2015 se encuentra en trámite.

No obstante, los cuestionamientos al millonario hurto del acero y las observaciones al proceso licitatorio, fueron asuntos a los cuales no fue posible obtener respuesta.