Los detalles desconocidos de la sanción de $3.914 millones que recibió el contratista del puente de la 60

La Alcaldía de Ibagué declaró formalmente el incumplimiento del contratro de construcción del puente elevado de la calle 60 y le impuso una multa de $3.914 millones al consorcio Puente Carrera 5.

El proyecto de infraestructura, adjudicado en abril del año 2023, apenas alcanzó un avance de obra del 5,67%, pero sin tener un recibido a satisfacción.

La decisión se adoptó a través de la resolución No. 1400-1346 del 04 junio del 2024 y luego de adelantar ocho sesiones que iniciaron el pasado 24 de abril.

El proceso sancionario no fue fácil. Las diligencias debieron ser suspendidas y aplazadas por solicitudes de los abogados del contratista y por las amanazas de muerte que recibió la jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, Margarita Rueda, quien tiene medidas especiales de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Hubo incumplimiento total

La Administración Municipal declaró el incumplimiento “total” por parte del consorcio Puente Carrera 5 y expuso las siguientes faltas.

• Información manejo recursos de anticipo: El contratista de obra nunca entregó justificación de la inversión del anticipo otorgado.
• Continuidad en la ejecución de la obra: El contratista decidió no continuar con la ejecución de la obra, pese a que la interventoría había advertido que los frentes de trabajo  podían ejecutar el proyecto. Sin embargo, no lo hicieron por la falta de flujo financiero y el incuplimineto en los pagos de trabajadores y proveedores.
• Garantías que respaldan la ejecución del contrato: El contratista de obra no presentó la actualización de la póliza de responsabilidad civil extracontractual que respaldaba la ejecución del contrato y que se venció el 28 diciembre 2023. Sin embargo, durante la suspensión de las audiencias sanionatorias la compañía Seguros Mundial expidió las modificaciones de las pólizas, razón por la cual este cargo quedó superado.
• Dudas en los pagos de la seguridad social de los trabajadores: El contratista de obra no presentó información confiable y completa sobre las planillas de seguridad social correspondientes al año 2023. Incluso, las que sí se presentaron, no fueron reconocidas por Aportes en Línea, lo que puso en duda la autenticidad de las mismas.

¿Se confirma el desvío irregular de recursos para la familia del contratista?

Uno de los puntos clave del proceso sancionatorio fue la confirmación de las denuncias que hizo EL OLFATO, el pasado 24 de febrero, sobre el manejo irregular que le habría dado el ingeniero Olaguer Agudelo Prieto a buena parte del anticipo económico que recibió de la Alcaldía de Ibagué.

Durante las audiencias quedó en evidencia que el consorcio no cuenta con los soportes de lo que se ejecutó con los $1.600 millones que le giró la fiducia a los provedores Apia y Silso, empresas pertenecientes a Sergio Agudelo y Betsy Agudelo, hijo y esposa del cuestionado contratista y socio del proyecto. (Ver: Así desviaron $1.600 millones del puente de la 60 a familiares de Olaguer Agudelo)

“La empresa Apia no ha entregado los soportes necesarios para legalizar dicho anticipo. Esto implica que no se han justificado adecuadamente los fondos anticipados, lo que genera incertidumbre sobre su uso correcto. En relación con el manejo del anticipo, la interventoría ha sido lo suficientemente clara al solicitarle al contratista, en reiteradas ocasiones, los soportes de la debida inversión de Ios recursos. Presentando no sólo demoras en la entrega de información, sino además existen desembolsos realizados los cuales no fueron soportados en debida forma como la presentación de la facturación tal como es el caso en los desembolsos realizados a Silso, JE Energía, Apia, donde presentan cuentas de cobro, documentos que no tiene validez de facturación”, advirtió la Alcaldía de Ibagué.

De otro lado, además de la millonaria sanción económica, el consorcio Puente Carrera 5 podría enfrentar reclamaciones judiciales por parte de la Alcaldía de Ibagué “debido al gran impacto social que genero en la comunidad, junto también por los gastos que incurrió el Municipio en el pago de la interventoría de este contrato, los perjuicios morales y los daños relacionados”.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, no hizo ningún pronunciamiento ni grabó un video en sus redes sociales para informarles a los ciudadanos los detalles de este proceso de alto interés público.