La Alcaldía de Ibagué fue ineficiente en el manejo de recursos para agua potable

Ibagué se rajó en la evaluación sobre el manejo, seguimiento y control de los recursos que giró la Nación para atender necesidades como el de agua potable en sectores de la ciudad durante la vigencia de 2022. 

De acuerdo con el resultado de la auditoría adelantada por la Contraloría General de la República, CGR, el desempeño de la Alcaldía de Ibagué para hacer seguimiento, supervisión y control a la destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) es ineficiente. 

En el informe del ente de control se registraron 15 presuntas irregularidades administrativas, tres de ellas con un alcance fiscal por $1.562 millones, varias con incidencia disciplinaria y una de connotación penal.  

Subsidiaron suministro de agua no potable 

En el listado de hallazgos se tiene que el Municipio transfirió recursos para subsidios a los prestadores comunitarios de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por $1.118 millones, “sin embargo, el agua suministrada por estos no es potable, según el indicador Irca (Índice de riesgo para la calidad del agua potable)”, se precisa en el informe. 

En total fueron 16 acueductos los que lograron el beneficio en 2022, en ese entonces se tenía que acueductos como el del barrio La Unión, Acuaisla, Asogranada y Chapetón eran inviables sanitariamente. 

Obra fallida 

Justamente, otra irregularidad se encontraron en la planta de tratamiento de Chapetón, allí la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente contrató su adecuación y mejoramiento por $30 millones en 2019, sin embargo, en 2020 se redujo las cantidades de obra, por lo que el valor final del proyecto fue de $21 millones. 

En visita de inspección que hizo la Contraloría el 29 de septiembre de 2023 evidenció que la planta no está en funcionamiento y según testimonios de la comunidad, tras las obras de mejoramiento, “el proceso de filtración era muy lento y, por lo tanto, el caudal tratado era insuficiente para suplir la demanda, ya que casi a la mitad de los usuarios no llegó el líquido”. 

La situación provocó problemas sociales en el sector, por lo que la Junta de Acción Comunal la dejó fuera de funcionamiento, esto significa que los $21 millones fue una inversión fallida.

Presuntas irregularidades en manejo de recursos 

Otra de las presuntas fallas se originó en la transferencia de $214 millones por concepto de subsidios de servicios públicos a la Junta Administradora del Servicio de Acueducto del barrio La Florida, Aguaflorida.

Una vez se revisaron los movimientos bancarios de los recursos, se evidenció que había serias diferencias entre la información reportada mensualmente por Aguaflorida y la cuenta de origen de las transferencias. 

Para el ente de control hubo “falta de control y seguimiento de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, al no efectuar el debido control posterior de los recursos transferidos por subsidios a los prestadores (...)”, se describe en el informe. 

Asimismo, se señala que hay deficiencia en la administración de los recursos de subsidios entregados a las familias con menor capacidad económica por parte de Aguaflorida. 

Esta situación generó que la Contraloría generara una incidencia disciplinaria y penal, asimismo, el caso fue reportado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.