“La Administración anterior tiene la culpa de lo que está pasando con el contrato del tanque de la Zona Industrial”: contratista

El representante legal suplente del consorcio Atria, Carlos Espitia, asegura que el fracaso de la no construcción del tanque de la Zona Industrial, que debe suplir de agua potable al área de expansión de Picaleña, se debió a la “negligencia” de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo.

Para el contratista, pese a que hubo falta de planeación, atribuíble a la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez, eran subsanables. Sin embargo, la falta de voluntad del gobierno anterior determinó que no se llevara a feliz término el contrato. (Ver: Exfuncionarios de Luis H. entrarían a responder ante la Fiscalía por contrato para la construcción del tanque de la Zona Industrial)

“Yo no digo que sea 100 % de responsabilidad de la administración anterior, pero todo el tema de la contratación y de los permisos era subsanable. Este contrato arrancó prácticamente en octubre de 2015 y se acabó la administración. Empezó el nuevo gobierno, la Administración de Jaramillo tenía la obligación era arreglar esas fallas y no empeorarlas. A los 10 meses nosotros habíamos podido demandar y no lo hicimos porque el objetivo era terminar el contrato”, sostuvo el contratista.

Espitia asevera que el contrato no se ha liquidado y que se está en diálogo con el gobierno de Andrés Hurtado para poder conciliar y finiquitar el proceso.

EL OLFATO: La Contraloría municipal determinó que hubo falta de planeación en el contrato y que posiblemente se estaría ante un contrato sin cumplimiento de requisitos legales…

Carlos Espitia: Evidentemente sí hubo falta al principio de planeación porque no se contaban con los permisos necesarios para la buena ejecución de este contrato y fallas existentes en el tema de los diseños. Todo esto se podría haber ido subsanando, porque para un contratista es imposible presentarse a una licitación y hacer un estudio a conciencia para mirar todos estos detalles.

El contratista siempre cuenta con que la Administración tiene en su poder los documentos y diseños necesarios para la buena ejecución del contrato.

E.O.: ¿En el proceso precontractual Atria tuvo acceso a los diseños de la obra?

C.E.: No, y solo se tuvo acceso a lo que publicó la Administración en su momento para la invitación a la licitación.

E.O.: ¿En qué momento el consorcio se percató de las falencias en los diseños?

C.E.: Lo primero que nos encontramos y eso fue tal vez alrededor de octubre de 2015 es que no existía la red de 20 pulgadas que debía llevar el agua hasta el tanque. Inmediatamente se solicitó una reunión con la Administración y el Ibal e inclusive con los diseñadores y se les advirtió eso. El ingeniero Francisco Montoya, como ya estaba finalizando la Administración, trató de hacer la contratación de ese tramo, hacer la subsanación, pero por cuestión de tiempo no fue posible.

E.O.: ¿Por qué iniciar a ejecutar una obra si había faltantes en los diseños? Era mejor haber esperado a que fueran modificados…

C.E.: En ese momento nosotros no teníamos conocimiento de muchas cosas, además mucho de esto se viene descubriendo al momento en que se va desarrollando el contrato. En los diseños no existe que nos íbamos a encontrar con una cantidad de roca en la línea de conducción diseñada.

E.O.: ¿Esto conllevaría a pensar que los estudios de suelos tampoco estuvieron bien formulados?

C.E.: Sí, muy posiblemente porque eso es cuestión del que hizo los diseños. No tuvieron en cuenta ese tema. Cuando nosotros empezamos a enterrar tubería y encontramos esa roca se le dio aviso a la Administración. 

E.O.: ¿Qué empresa fue la responsable de la formulación de los diseños. ¿Ustedes denunciaron esto ante los entes de control?

C.E.: Los diseños fueron hechos creo que en el 2011 y creo que fue Grucón. Aunque el tema de diseños es subsanable, pero cuando uno encuentra la voluntad de una Administración para hacer la obra como debe ser. Pero cuando uno encuentra una Administración que no quiere hacer la obra, que está en contra, es muy difícil.

E.O.: ¿Hubo falta de voluntad de la Administración de Guillermo Alfonso Jaramillo?

C.E.: Yo no soy político, soy técnico. Desde que entró la Administración anterior, desde el Alcalde para abajo se le pusieron todas las trabas a este contrato. Inclusive lo pasaron por Procuraduría y todas las ías. Y esa administración lo único que se propuso es echar abajo este contrato.

No le importó el perjuicio tan grave y delicado para la ciudad. Lo único que querían era echarlo abajo porque ese contrato no era de ellos, no se cuál era el pensamiento de ellos. Hubo falta de voluntad. Siempre quisimos sentarnos a charlar para mirar cómo podíamos sacar adelante el proyecto, pero no fue posible.

Todo esto se cerró con la declaratoria de incumplimiento que fue ilegal, arbitraria y un total atropello.  La gente tiene que saber quiénes fueron los culpables y para mí la Administración anterior tiene la culpa de lo que está pasando con este contrato.

E.O.: Si no había voluntad, ¿por qué se accedió a adicionar el contrato en $3.120 millones y subsanar los yerros de la parte precontractual?

C.E.: Nosotros advertimos todo eso en 2015. Entró la Administración Jaramillo y se les advirtió lo mismo y esa adición se vino hacer casi tres años después y una de las razones fue porque los señores de Ibal dijeron que la ciudad necesitaba ese tanque, entonces procedieron a hacer la adición y fue exclusivamente por faltantes de obra.

E.O.: ¿Por qué dice que fue arbitraria la declaratoria de incumplimiento?

C.E.: Porque no nos dieron ni la palabra. Totalmente arbitrario, no hubo controversia. El único objetivo que ellos tenían era declarar al contratista el incumplimiento. El contrato no fue liquidado por la negligencia de la Secretaría de Medio Ambiente. El único objetivo que tenían ellos era declararnos el incumplimiento. Esa declaratoria fue un atropello por parte de la administración.

E.O.: ¿A cuánto ascienden las pretensiones económicas de Atria en contra del Municipio?

C. E.: La primera demanda está por $2.807.257.775, la segunda demanda es por el no pago de las dos últimas actas que es de $573.460.406 y hay otra demanda por los perjuicios ocasionados por la sanción por $9.262 millones.

E.O.: ¿Qué pasó con el tanque?

C. E.: El tanque llegó en enero de 2018 y está en una bodega a la entrada de Ibagué, y en marzo por solicitud de la Contraloría se pudo verificar que está en perfectas condiciones. Lo único es que el pegante tiene una fecha de vencimiento y sería lo único que se tendría que importar. El tanque no tiene ningún problema y le da uno tristeza que teniendo el tanque ahí la obra no se haga.

E.O.: Las obras están a la intemperie, ¿cuál sería el presupuesto que debería destinar la Administración para finiquitar la obra? ¿Coloquialmente como dice ‘saldría más caro el caldo que los huevos’?

C.E.: El tanque lleva tres años y cuatro meses en la bodega. Y al enmallado que es la base donde debe ir el tanque se debe hacer unas pruebas de laboratorio. Eso se hizo en 2015 y entró una ingeniera que es Luisa Johana Velandia (supervisora) que entiendo ha tenido muchos problemas con otras entidades, no me consta, y esta persona fue una de las grandes culpables de que el contrato se encuentre en el limbo.  

A ella se le advirtió que el contrato se podía suspender en los tramos en la conducción desde la calle 43 hasta la avenida Mirolino y Picaleña, pero que no suspendiera lo del tanque para que la base no se dañara. Y no quiso y vino el daño de esa parrilla.

El tanque con todos estos problemas debe estar por el doble que lo compramos y debe estar por encima de los $10 mil millones. Lo mejor que le puede pasar a la administración es que conciliemos por el bien de la ciudad.

E.O.: Cuando se habla de conciliar, ¿a qué se refiere?

C.E.: La administración anterior fue solo trabas y problemas. Con la Administración actual tuvimos acceso al Alcalde y nos manifestó su interés de continuar con el proyecto, porque el tanque es necesario para la zona de expansión de Ibagué.

Esta administración por lo menos ha mostrado el interés de que dialoguemos. Hemos tenido algunas reuniones con los señores de Jurídica y después de la visita a de la Contraloría a la bodega, el Contralor me manifestó que tiene armas para que esto se concilie y se haga el contrato. Esa va a ser la posición de la Contraloría.