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Interventoría pide sancionar a contratista del Centro Regional de Víctimas, y la Alcaldía le prórroga el contrato

El Consorcio Betar Ibagué debía haber culminado trabajos el 12 de febrero, pero se prorrogó el contrato.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué

La Alcaldía de Ibagué decidió conciliar y dar otro plazo al Consorcio Betar para que se ponga al día y avance en las obras de construcción del Centro Regional para la Atención y Reparación de las Víctimas.

El avance de ejecución es solo del 20 % cuando debería ser del 70 %. La obra debió ser entregada el pasado 12 de febrero, pero el contratista solicitó prorrogar el contrato. (Ver: Gobierno Nacional calificó de "absurda" adición presupuestal para obra en Ibagué)

Y aunque la interventoría, Unión Temporal INT Ibagué, solicitó el pasado 24 de diciembre de 2019 y el 12 de enero aplicar las multas al contratista, la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, extendió el plazo del contrato en reunión sostenida el pasado 11 de febrero.

"Como ordenadora del gasto solicité que se presentara un plan de contingencia y un cronograma de trabajo para poder dar la prórroga que estaban pidiendo, pues la idea es poder sacar adelante este proyecto y esto se hizo para que, a través de ese plan de contingencia haya un acuerdo de voluntades y poder dar la oportunidad al representante legal de la obra de que podamos continuar con el proyecto y que no de manera tangencial tomáramos la decisión de decretar la multa", dijo la secretaria de Desarrollo Social, Martha Villarreal, quien es la ordenadora del gasto.

El director de interventoría, Óscar Cardoso, dijo ante el Concejo de Ibagué, que en dos oportunidades se le solicitó al Consorcio Betar presentar los planes de contingencia, que garantizaran el avance de la obra, los cuales incumplió.

Por otra parte, el contratista está pidiendo una adición por la suma de $687 millones y la interventoría por valor de $74 millones.

De acuerdo con Villarreal, al Consorcio Betar se le ha desembolsado $177 millones. Los recursos que tiene el Municipio en caja ascienden a la suma de $1.618 millones. (Ver: El contrato que despierta la ira de Jaramillo)

La Unidad Nacional de Víctimas aporta a la consecución del proyecto la suma de $1.791 millones, representados en obra, interventoría y dotación de la infraestructura. Mientras, que los aportes del Municipio son del orden de los $900 millones, que incluye el lote de 4.195 metros cuadrados.

El director General de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, en entrevista con EL OLFATO dejó claro que el Gobierno Nacional no desembolsará más dineros, hasta que no haya una garantía de continuidad y culminación de los trabajos.

El concejal Miguel Bermúdez, quien citó al debate de control político, solicitó especial vigilancia a la Personería y a la Contraloría para que la obra no quede como un elefante blanco.

 

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