Ibal no ha dado respuesta a casi 300 acciones judiciales

Por concepto de daños en las redes, fugas de agua y muchos otros problemas, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) tiene alrededor de 300 acciones judiciales a las cuales no les dado respuesta.

Así lo informó el concejal de Ibagué, Pedro Mora, quien en el debate de control político que tuvo lugar el pasado miércoles 5 de julio,  le exigió explicaciones a Erika Palma, gerente de la entidad, del motivo por el cual no han atendido varios de estos fallos.

“Llama poderosamente la atención el número que es bastante alto. La gerente habló de más de 157 procesos, pero yo, que en su momento revisé el asunto, encontré que en realidad son más de 300. (...) Ese es el tema grueso al que debemos hacerle seguimiento”, mencionó el cabildante.

Aunque Mora reconoció que la entidad ha sido clara a la hora de explicar  los avances de los proyectos del acueducto complementario, argumentó que no hay la misma claridad sobre las respuestas a las acciones judiciales que se adelantan en contra de la empresa por la mala prestación del servicio.

“Luego de revisar la cantidad de tutelas, desacatos y demás acciones judiciales, nos damos cuenta de que esto representa un gran problema para la ciudad. Al hablar de casos concretos nos preocupa la actitud de la gerente, quien no dio respuesta”, mencionó.

En el debate salieron a relucir algunos casos como el de la vereda de Aparco, en donde hay una tutela desde el 2018 con desacato; o el barrio La Palmas, en donde existe una vía de acceso alterna inutilizable por el colapso de la red de alcantarillado que hace meses debió ser arreglada, entre otros.

Ante esta situación,  la gerente  señaló que la dificultad en darle respuesta oportuna a estos requerimientos ciudadanos se debe a que para los mismos necesita un aproximado de $15.000 millones. Recursos de los que carecería el Ibal.

“Si tuviéramos los dineros necesarios y suficientes para hacer todas estas intervenciones, aquí estaríamos prometiendo que mañana mismo las haríamos. (...) Sin embargo, vamos a ir depurando cada una de ellas que están sentenciadas y en desacatos, sin desconocer que son aspectos en los que ya ha venido trabajando la entidad”, mencionó Palma.

Según sostuvo la funcionaria, alrededor de 60 acciones judiciales han sido acatadas, pese a las limitaciones financieras.

No obstante, Palma reconoció que al estar el 75% de las redes de acueducto y alcantarillado de la ciudad funcionando con concreto, seguramente el modernizar  y responder a todas las denuncias, resultará casi imposible.