Ibagué ha pagado $1.800 millones en intereses por una obra que no se va a hacer, el puente de la 60

El Concejo de Ibagué le realizó un debate de control político a las secretarias de Hacienda e Infraestructura para conocer el estado real del contrato del fallido puente de la 60 y analizar la situación económica del municipio en torno a este proyecto.

Aunque la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, había anunciado el 23 de septiembre que el contrato se encontraba en un proceso de liquidación, hoy se conoció que el contrato aún no ha sido liquidado. (Ver: Aranda no realizará el puente de la 60 de Ibagué ¿En qué se invertirán los recursos?)

Así lo dio a conocer el concejal del partido Conservador, Jorge Bolívar, quien aclaró que el dinero recuperado es de una sanción por incumplimiento y no del valor de la obra.

“Hay que aclararle a la ciudad que estos $3.900 millones no son la devolución ni del anticipo, ni de los daños causados a la gente de la 60 con quinta, ni del valor de lo que tiene que ver con la interventoría. Simplemente, es la cláusula penal que obliga la ley a cualquier contratista público privado que incumpla un contrato”, manifestó el cabildante.

Asimismo, explicó que la obra no tuvo ningún avance y desmintió el 5.67% de progreso del que se había hablado anteriormente.

“Queda demostrado que el avance de obra del contrato realmente es del 0.0% Se hablaba de un 5.67%, pero la interventoría ha manifestado que nunca firmaron un acta donde se pusieran de acuerdo en la ejecución del contrato y hoy ese contrato está en el 0.0%”, mencionó Bolívar.

Por otra parte, explicó que este contrato fue suspendido en dos ocasiones, pero no fue por falta de permisos de Cortolima, como lo había dicho la Administración Municipal del exalcalde Andrés Hurtado.

“El contrato se suspendió en dos ocasiones y nunca, que quede claro, nunca se suspendió por permisos que tuvieran que ver con Cortolima. Es decir, la misma administración le dijo al contratista que podía adelantar cuatro frentes de obra que equivalían a más de 15 mil millones de pesos sin el permiso ambiental de Cortolima”, sostuvo el concejal.

Además, el concejal de oposición, se refirió como un elefante blanco a la obra que hoy tiene con un millonario detrimento patrimonial a la ciudad.

“Es decir, que hoy esto sumado al detrimento patrimonial que también quedó demostrado hoy que asciende a casi 9 mil millones de pesos, pues obviamente esto es un elefante blanco que le está dejando un vacío financiero grande a la ciudad de Ibagué”, puntualizó.

Y agregó: “También se demostró que se estaba faltando al deber de pagar seguridad social de los empleados que se tenían precisamente en la obra del puente de la 60”.

También, quedó demostrado el mal manejo que se le dio a los $9.000 millones entregados a la interventoría por el anticipo, que fueron distribuidos así: 

• $2 mil millones para realizar el estudio de la obra en la Administración anterior.
• $2.900 millones  de anticipo que se le giraron al contratista.
• $1.900 millones que se le giraron al interventor. 
• $1.800 millones pagados en intereses del empréstito. 

De igual manera, el concejal del Partido Verde, Andrés Zambrano, se mostró bastante preocupado por la cantidad de dinero que está perdiendo el municipio con este fallido proyecto de infraestructura.

“Como esto se trata de un empréstito, hoy hemos pagado 3 mil millones de pesos de ese empréstito y de los cuales son 1.900 millones de solo intereses, es decir, hemos pagado 1.900 millones de una obra que no se va a ejecutar, imaginémonos todo lo que hubiésemos podido hacer con 1.900 millones de pesos en nuestro municipio”, expresó el cabildante.

También, se refirió a la poca planeación que tuvo la Administración Municipal para ejecutar esta obra, que debía tener los permisos antes de empezar los trabajos y no después.

“Lo otro es que aquí se ve una flagrante vulneración del principio de planeación, entre otras cosas, porque este principio lo que establece que previamente adjudicar este tipo de contratos se deben tener claras y ya se deben tener expedidas todos los permisos y las licencias, es decir, no al contrario como pasó acá”, agregó el concejal.

Finalmente, se refirió a la necesidad de ayudar a los afectados por los daños que causó esta obra en la calle 59, en donde la calle quedó totalmente destruida.

“Lo que estamos analizando es que tampoco hay claridades de cómo se le va a resarcir a las personas que se vieron perjudicadas, como por ejemplo los de la calle 59 desde el punto de vista pecuniario, pero también desde el punto de vista de infraestructura en sus casas y sobre todo en sus andenes y en la carretera que les queda al frente”, puntualizó Zambrano.