Hospital de Chaparral busca recuperar dineros pagados indebidamente a Fundasalud en 2016
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El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué libró acción de cobro contra la Fundación Vida y Salud (Fundasalud) por la suma de $476.462.883 en favor del Hospital San Juan Bautista de Chaparral.
La decisión tiene que ver con el proceso que sigue el Hospital contra Fundasalud para recuperar los dineros desembolsados y no ejecutados por la IPS bajo el contrato 246 de 2016.
Este último tenía como objeto adelantar campañas de salud para prevenir el contagio del Zika y el Chikunguña en 11 municipio del Tolima.
Mediante resolución 849 del 9 de noviembre de 2018 la Gerencia del Hospital San Juan Bautista liquidó unilateralmente el contrato.
La Secretaría de Salud del Tolima y el Hospital de Chaparral suscribieron el convenio 637 de 2016 por $1.000 millones para prevenir la propaganción del Zika y Chikunguña en varios municipios del Tolima.
En ese momento la gerente (e) del hospital, Ángela Maritza López, decidió subcontratar la labor con la polémica Fundasalud, cuyo propietario es Marco Antonio Ramírez, quien se encuentra detenido por conformar una organización dedicada al tráfico de medicamentos vencidos.
La Contraloría General, en auditoría al convenio, estableció que el Hospital pagó indebidamente a Fundasalud $718.6 millones correspondiente al 77,26% del valor total de lo contratado ($930 millones). (Ver: A través de pagos indebidos, ‘desparecieron’ $718 millones en la Secretaría de Salud del Tolima)
También se determinó que se invirtieron $573 millones en “actividades cobradas, pagadas y cuya ejecución no está evidenciada".
Además, el pago de $140 millones que pagó Fundasalud a unos proveedores ficticios para la recolección de inservibles y el transporte de personal y quienes supuestamente prestaron esos servicios negaron -por escrito- haberlo hecho.
Y como si fuera poco, Fundasalud contrató a la Fundación Renacer al Tolima para que adelantara talleres de sensibilización, “pero se evidenció que no hubo presencia de personal en los lugares donde se debió adelantar la capacitación. O sea que se cobró y se recibió pago por servicios que nunca se prestaron”.
