Hija de la alcaldesa Johana Aranda niega relación con hijo de empresario capturado y entutela a medios
Isabela Buendía quiso con una acción legal desaparecer hechos ciertos. Acá les contamos lo que dice.
Escrito por: Luis Eduardo González
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La hija de la alcaldesa de Ibagué, Isabela Buendía, negó ser pareja sentimental de Sebastián Castaño, hijo del empresario Oswaldo Castaño, capturado por sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo. Y lo hizo a través de una acción de tutela contra medios de comunicación que revelaron la cercanía entre ambas familias. Sin embargo, la ofensiva judicial no ha hecho más que reforzar las preguntas que siguen sin respuesta desde el despacho de Johana Aranda. (Ver: Las explicaciones pendientes de la alcaldesa Johana Aranda)
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Buendía, actual gestora juvenil del municipio y estudiante de Derecho, solicitó que se eliminen las publicaciones que documentan su cercanía con Castaño, a pesar de que existen múltiples registros fotográficos que evidencian esa relación. Su argumento: “no tengo pareja sentimental, vivo con mi madre y estoy enfocada en terminar mis estudios universitarios”.
Pero lo que está en el centro del debate no es un vínculo afectivo entre jóvenes universitarios, sino la red de relaciones familiares, políticas y contractuales que comprometen la transparencia del poder local en Ibagué.
La tutela interpuesta por la joven fue respondida por el equipo jurídico de EL OLFATO, que defendió el ejercicio legítimo del periodismo de investigación y reiteró que los hechos publicados son de interés público.
Una historia de poder, contratos y silencio incómodo
Oswaldo Castaño, padre del joven mencionado, no es un ciudadano cualquiera. Es el propietario de la empresa de seguridad SARA LTDA, que obtuvo contratos por más de $1.670 millones durante la administración del exalcalde Andrés Hurtado, el padrino político de Johana Aranda. Su esposa, Omaira Méndez Losada, es funcionaria del CTI de la Fiscalía en el Tolima. (Ver: Descubren contratos en la Alcaldía de Ibagué para familia de investigadora del CTI)
Y como si no bastara, la actual alcaldesa fue secretaria de Salud en la administración Hurtado, y desde allí habría tenido injerencia en los contratos entregados a esta empresa de seguridad.
Frente a este panorama, surgen interrogantes inevitables que la mandataria se ha negado a responder:
- ¿Tuvo influencia directa o indirecta en los millonarios contratos otorgados a la familia de quien sería su “exconsuegro”?
- ¿Contribuyó de alguna forma a la desaparición de la denuncia penal presentada por el excandidato Jorge Bolívar sobre presuntos delitos electorales?
- ¿Ha utilizado su relación con la funcionaria del CTI —madre del joven Castaño— para acceder a información reservada sobre procesos contra su círculo cercano, incluyendo a Andrés Hurtado?
EL OLFATO ha sido claro desde el principio: no se trata de la vida íntima de dos jóvenes, sino de la peligrosa cercanía entre una administración pública y una familia señalada por vínculos con una red criminal.
Negar un noviazgo no borra los contratos adjudicados, las capturas realizadas ni los silencios cómplices. Pretender censurar a los medios mediante tutelas solo confirma que hay algo que se quiere ocultar.
Como este medio lo ha sostenido: lo verdaderamente cuestionable no es una relación afectiva, sino las relaciones de poder que se construyen alrededor de ella, y que hoy comprometen recursos públicos, justicia y transparencia.
La ciudadanía no necesita un relato rosa. Necesita explicaciones. Y la alcaldesa Johana Aranda, más que una defensa emocional de su hija, tiene una responsabilidad política que no puede evadir con comunicados o viajes internacionales.