Gravísimas revelaciones podrían tumbar el convenio de Infotic y la Alcaldía de Ibagué

Los 12 días del paro transportador no fueron suficientes para tumbar el convenio intradministrativo que la Alcaldía de Ibagué suscribió con Infotic, sin embargo, existen revelaciones que pondría a tambalear el millonario negocio.

El abogado y expersonero de Ibagué, Camilo Ossa, dio a conocer que la empresa no debía quedarse con el recaudo por estar controlada por empresas privadas.

Aunque la empresa manizalita se presentó ante el municipio de Ibagué como una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria del sector público, esta se encuentra en situación de control y está subordinada a seis empresas privadas. (Ver documento)

Lo que se explica porque el capital de las seis empresas juntas, suman más del 50% del total.

“Esto, en realidad, es el cascarón que le permite celebrar convenios interadministrativos y saltarse la licitación pública, en principio, con visos de legalidad”, explicó el expersonero.

Situación que pondría a tambalear el convenio que por semanas ha defendido el alcalde Hurtado, pues en lugar de haberse apegado a la ley de contratación estatal, el municipio le habría entregado a ‘dedo’ el recaudo, control de flota y monitoreo a bordo a una entidad controlada por privados.

Conforme a lo expuesto por Ossa, este es un escenario que debió prever la Administración Municipal al revisar la realidad societaria de Infotic en la Cámara de Comercio.

Sin embargo, en una entrevista publicada por El Espectador, el alcalde admitió que no se realizó dicha verificación.

En su lugar, ignorando cualquier impedimento de la empresa manizalita para adelantar este tipo de convenios y faltando horas para entrar en vigencia la ley de garantías, se dejó en mano de estos el recaudo del SETP.

Lo paradójico es que el alcalde haya argumentado en días pasados que se rechazó la oferta de los transportadores porque en Cámara de Comercio no aparecía que tuvieran experiencia en el recaudo. Mismo rigor que no habrían tenido con Infotic.

“Además, en el certificado de existencia y representación legal, se encuentra que (...) la Junta Directiva de la empresa está conformada por cinco asientos principales, de los cuales el Municipio de Manizales solo tiene dos”, indicó Ossa.

Y agregó: “lo que daría a entender que el tema ya vendría montado para entregárselo a Infotic, porque la ley dice que si ellos no cumplían los requisitos legales, se debía hacer una licitación”.

A estos detalles que se les ha ‘escapado’ al gerente Cesar Yañez y a la Junta Directiva del SETP, se suma el que la mayoría de las empresas asociadas son en realidad microempresas que, además de tener poco músculo financiero, no cuentan con la experiencia en la integración y asistencia tecnológica para este tipo de convenios

Es el caso de Grupo VMS S.A.S, 3T Business Partners S.A.S y Asincon y Asociados S.A, que tienen capitales de $4 millones, 20 millones y $10 millones, respectivamente.

“El leonino contrato del recaudo a 16 años, como lo entregó el SETP, es del orden de los $3 billones de pesos en total y el ejecutor del convenio y sus controlantes no tienen un capital, ni siquiera del 1% para responder ante un incumplimiento”, argumentó el expersonero.

¿En manos de quién quedó realmente el recaudo?

En noviembre del año pasado, la empresa Infotic no cumplía con los requisitos para poner en marcha el funcionamiento el sistema de recaudo, control de flota y monitoreo a bordo.

Según Ossa, se les permitió volver a presentarse a inicios del 2023 con la posibilidad de subcontratar a un privado como aliado tecnológico.

Se trata de VYR S.A.S, una empresa que tiene un escaso capital de $20 millones y que en sus manos está el implementar la tecnología para mover casi $3 billones en 16 años. (Ver documento)

Pese a no haber participado directamente en el convenio, esta empresa será contratada por Infotic para ser el verdadero ejecutor de buena parte del contrato.

“Las propuestas de enero y junio son casi las mismas que la de noviembre, solo que, en las dos últimas, Infotic cambió su nombre, en lo relacionado con la experiencia en el recaudo y especificaciones técnicas del sistema y operación de recaudo, por el de VYR S.A.S.”, señaló ossa.

Hurtado manifestó a El Espectador que revisará con su equipo técnico este asunto.

¿Preferencias?

Este presunto favorecimiento a una empresa que, en teoría, parece no ser la competente para implementar el nuevo recaudo en la ciudad, se hizo más notoria si se tiene en cuenta la forma en que se descartó la propuesta de los transportadores de Ibagué sin darles la oportunidad de hacer el ajuste.

Aunque el 28 de junio se les comunicó a los operadores del sistema de transporte de la ciudad que no cumplían los requisitos para quedarse con el negocio del recaudo, la Alcaldía se habría apresurado a entregar el contrato a Infotic.

“Ese mismo día no se podía celebrar el convenio con la empresa manizita porque el artículo 14 de la ley 80 del 1993 establece que, quienes participen de un proceso contractual pueden controvertir la decisión, por lo que lo mínimo que podía hacer la Alcaldía era abrir un término de tres días para que los transportadores pudieran controvertir”, agregó Ossa.

Este paso fue omitido por la Alcaldía y la junta directiva del SETP, al parecer, por la premura de dejar amarrado un contrato antes de entrar en vigencia la ley de garantías y, adicionalmente, lograr hacerlo antes de finalizar esta vigencia de mandato.

Todos estos cuestionamientos llevan a Ossa a concluir que, en caso de que los transportadores decidan dar la batalla jurídica para tumbar el convenio, el respectivo juez tendrá motivos de pesos para fallar a su favor y dañarle los planes al alcalde de Ibagué.

¿Qué dice infotic?

Ante esto, el representante legal de la empresa, Adolfo Antonio Tejada, insistió en que no hay ningún tipo de impedimentos para celebrar convenios interadministrativos con el sector público y que, muestra de ello, es que tengan en sus manos proyectos variopintos en todo el país.

Asimismo, calificó como infundadas las aseveraciones según las cuales Infotic no es más que la suma de varias ‘empresas de papel’.

“Eso lo debe determinar la Superintendencia de Sociedades. Sencillamente pregunten quiénes somos (...) y nuestros estados financieros vinculados lo contradicen. Yo no sé si una empresa de papel puede facturar más de $100.000 millones al año”, señaló Tejada.

Por su parte, este justificó que el subcontratar el aliado tecnológico es permitido y razonable, puesto que la empresa manizalita no puede tener las capacidades para suministrar todo lo que se encuentra estipulado en el convenio.

“Por regla, la entidad de transporte de la ciudad debe preguntar qué tecnología se va a implementar. Por lo que nosotros dijimos que es esta (la que proporciona VYR), pero esto no es todo el proyecto (...), sino una parte”, explicó Tejada.

Y concluyó: “eso es como cuando tenemos la construcción de un edificio, el cual requiere de diferentes insumos. Pero decir que una constructora, si no produce el cemento, no sirve para contratarla, eso no tiene sentido”.