Estos son los dos delitos en los que podría incurrir la contratista de la Alcaldía que trabaja con Aranda

Delitos como detrimento patrimonial y falsedad en documento público, podría incurrir la contratista de la Secretaría de Salud de Ibagué Sandra Milena Londoño Rodríguez, quien trabajaría como asistente de la candidata a la Alcaldía Johana Aranda.

Para el abogado Wilson Leal, aunque en la relación laboral de la contratista, no existe subordinación, y por lo tanto, no hay impedimento para que esta partícipe en campañas políticas, es necesario que se establezca a detalle si no ha o no cumplido con las tareas encomendadas. 

En caso de pasar por alto sus obligaciones, aseguró Leal, habría lugar a detrimento patrimonial y/o falsedad en documento público por parte de los implicados.

“Si lo que hay es connivencia entre el contratista y quien lo vigila, estando de acuerdo para que el primero no haga nada y sea remunerado, es factible que el segundo esté declarando de manera falaz. De hacerlo, es posible incurrir en falsedad en documento público”, afirmó el abogado.

Y agregó: “además, el particular se estaría apropiando de recursos del erario, pues con esos informes, supuestamente, se están pagando unos servicios que en apariencia no se están prestando. Esa conducta es relevante desde el punto de vista penal, como un peculado en beneficio del tercero”.

De acuerdo a lo encontrado en el portal de contratación estatal SECOP II, Londoño Rodríguez ya ha cobrado al Municipio alrededor de $14’250.000 en lo corrido del año, pero no existe evidencia suficiente de las actividades.

Se observa que hay tres informes presentados e idénticos y solo se diferencian por la fecha en la cual fueron radicados. . (Ver más: Alcaldía de Ibagué le paga la asistente a la candidata Johana Aranda)

Aunque la asistente personal de Johana Aranda, ha guardado silencio sobre cómo cumple sus obligaciones si permanece buena parte del tiempo acompañando la campaña de la exsecretaria de Salud, la Administración Municipal salió al paso y defendió a la contratista.

La Secretaría de Salud indicó a través de un comunicado que, luego de evaluar el caso, no se han encontrado indicios que permitan establecer que el trabajo de Londoño se haya visto afectado por su activa participación en los eventos políticos de Aranda.

“La contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas entre las partes. Lo anterior, considerando que los productos entregados dan cumplimiento a las obligaciones pactadas”, aseveró la entidad.

Ante el señalamiento de que no existe evidencia suficiente de las actividades realizadas en sus informes, la Secretaría de Salud sostuvo que:“Los informes están basados en las obligaciones pactadas con la contratista, las cuales debe ejecutar de forma regular durante el plazo pactado. Razón por la cual la estructura del informe entregado mensualmente es similar, toda vez que corresponden a las obligaciones suscritas”, dijo la Alcaldía.

Reacciones

Concejales de Ibagué calificaron como una práctica deshonesta  la presunta estrategia de Andrés Hurtado, al valerse de los recursos de la Alcaldía para favorecer las aspiraciones políticas de Johana Aranda.

Para el cabildante Jaime Tocora, estas acusaciones ameritan que los entes de control entren a investigar lo que sucede con los contratistas del Municipio.

Según el concejal, es recurrente observar cómo funcionarios de la Alcaldía de Ibagué participan en eventos políticos, muchos de los cuales lo harían bajo la amenaza de perder sus contratos.

“Aquí, presuntamente, hacen eventos y los llenan a punta de funcionarios y contratan chivas para personas que tienen bajo su control, por lo que terminarían constriñendo al elector. Algo nefasto para la democracia porque no permiten la libre elección. (...) si no que la gente terminaría asistiendo por presión para no perder sus trabajos”, aseveró.

Por su parte, el concejal Orlando Rodríguez sostuvo que el constreñimiento no se detendría allí, toda vez que, en su concepto, desde hace meses se viene fraguando un plan para favorecer a Aranda. 

“Me quito el sombrero ante este Gobierno, pues en vez de contratar una persona por 10 meses o 12 meses, esperan que entre en vigencia la ley de garantías, para vincular dos personas, con el fin de tener más votos. Todo se resume en votos”, señaló el cabildante.

Ante las denuncias de líderes comunales que aprovecharían sus cercanías con la Administración Hurtado para amasar apoyos hacia Aranda, Rodríguez calificó aquello como una “forma descarada y sin pudor de hacer política”. (Ver más: Estarían usando programas de alimentación para conseguirle votos a Johana Aranda)

“Es triste que se dejen convencer de los líderes de los barrios, quienes negocian tres puestos para la familia y ponen a votar a toda una comunidad, y se la pasan haciendo proselitismo”, concluyó el concejal.