El 'favor' que le hizo el contralor Iván Delgado a los concejales de Ibagué con la contratación de la póliza de salud
No paran de generar polémica las decisiones del contralor saliente de Ibagué, Iván Darío Delgado, quien ha sido cuestionado por emitir informes con hallazgos que después terminan "en un saludo a la bandera". (Ver: ¡Lo que se esperaba! Contralor barretista dice que Hurtado no cometió irregulares en la contratación del COVID-19)
El Contralor 'echó abajo' el informe que detectó irregularidades en la contratación de la póliza de salud de los concejales y que los habría obligado a reintegrar cerca de $48 millones por incluir a sus padres, esposas, hijos mayores de edad, hermanos y hasta sobrinos en el costoso beneficio. (Ver: Cerca de $800 millones habría despilfarrado el Concejo de Ibagué en una póliza de salud que disfrutan los concejales y sus familias, y que pagan los contribuyentes)
La decisión de Delgado se sustentó en que había vacíos jurídicos y hasta recomendó a la corporación reajustar las inconsistencias en la liquidación del contrato suscrito en la vigencia 2020 para así 'salvarse' de la sanción fiscal.
¿Qué decía el informe?
Según el informe de auditoría, el año pasado los concejales, bajo su responsabilidad, entregaron a la Secretaría de la Corporación las planillas relacionando a los integrantes de su grupo familiar, incluyendo a algunos que no tenían el derecho de estar, con base en el decreto 780 de 2016 que unificó y reglamentó el acceso a los servicios de salud por parte de los concejales del país.
Según el informe, este decreto estableció que los cabildantes "tendrán los mismos beneficios que actualmente reciben los servidores públicos y acceso a los servicios de salud incluidos en el plan obligatorio de salud del sistema general de seguridad social y a la cobertura familiar consagrada en este mismo sistema".
Es decir, para la Contraloría esto obligaría a remitirse a la Ley 100 y aplicar lo establecido en cuanto a quiénes pueden ser beneficiarios dentro de la cobertura familiar.
"El hecho de haber acobijado dentro de los beneficios de la póliza de asistencia médica asistencial, personas a las cuales no se hubiese podido en virtud de lo establecido en la ley 100 de 1993, el decreto 3171 de 2004, el decreto 2353 de 2015 y el decreto 780 de 2016, se configura un presunto daño patrimonial, toda vez que el presupuesto asignado fue utilizado para cubrir un servicio médico y asistencial a favor de personas que no pueden ser amparadas según lo establecido en las normas citadas", advirtió la Contraloría en primera instancia.
De esta manera, ocho concejales que incluyeron a sus padres, hermanos mayores de edad y demás familiares serían responsables de un presunto detrimento a los recursos del erario por la suma de $47.455.773.
Estos serían los cabildantes que tendrían que reintegrar los dineros públicos:
- Julián Serna
- Brayan Castellanos
- Lisandro Trujillo
- Javier Mora
- Camilo Tavera
- Martha Ruíz
- Ferney Varón
- Rubén Darío Correa
'La lavada de manos'
No obstante, aunque en el informe dejó claridad que los concejales habrían incurrido en una irregularidad, el contralor Iván Delgado reversó la decisión. (Ver: Se advirtió: Barretismo impuso como Contralor de Ibagué a Iván Darío Delgado)
Uno de sus argumentos fue que, ante la falta de claridad jurídica sobre las normas que regulan que personas deben ser afiliadas como beneficiarias a la póliza de salud y bajo el principio que los concejales actuaron "de buena fe", se retiró la "incidencia fiscal".
De igual manera, porque el contrato no ha sido liquidado y por consiguiente no se puede dar origen al presunto detrimento.
"En la actualidad no se encuentran plenamente establecidos los elementos constitutivos del daño patrimonial al Estado establecidos en la ley 610 de 2000 y en el decreto 403 de 2020, para que se pueda configurar una incidencia fiscal en cabeza de persona alguna, más aún si se tiene en cuenta que el contrato que dio origen a la presente actuación aún no ha sido liquidado por parte del Concejo Municipal de Ibagué, siendo la liquidación la última oportunidad legal para que las partes reajusten los ítems que puedan generar dudas en la ejecución del mismo, como por ejemplo la que es objeto de debate", precisó el funcionario.
Y por último, Delgado transfirió la responsabilidad a los concejales para que definan los parámetros de quiénes pueden ser beneficiarios de la póliza.
Contralor niega favoritismo
EL OLFATO dialogó con el contralor Iván Darío Delgado, quien en su defensa argumentó que se dejó un hallazgo administrativo para que el Concejo pueda llevar a cabo un plan de mejoramiento y evitar este tipo de problemas fiscales.
"El hallazgo no es un saludo a la bandera porque recordemos que los hallazgos administrativos generan un plan de mejoramiento y lo más importante generan la necesidad de crear acciones de mejora que solucionen el problema. En este caso no estaban los elementos del hallazgo fiscal, no había certeza del daño y por eso como Contraloría se deja la alarma para que se hagan los ajustes respectivos", precisó Delgado.
De igual manera, resaltó que el Concejo es el que debe tomar la decisión al momento de liquidar el contrato.
"Si lo hacen o no lo hacen es una decisión administrativa de ellos y será el próximo Contralor el que deberá mirar si se liquidó el contrato y en qué condiciones".
Al ser cuestionado con respecto a que pudo haber evadido tomar una decisión de fondo y favorecer a quienes lo eligieron, el funcionario dejó claro que la Contraloría tiene cinco años para investigar y emitir nuevos hallazgos. (Ver: Concejo aprobó polémico proyecto que faculta al Contralor de Ibagué a crear dos nuevos cargos)
"Hay que dejar claridad que la Contraloría es una sola. Los hallazgos se dejan no porque al contralor le parezcan, sino porque deben obedecer a unos criterios técnicos y en lo público son las instituciones las que perduran. Yo termino mi período aahora y ya será el otro contralor, como me tocó a mi asumir investigaciones pendientes, quien deberá tomar decisiones en procesos que se encuentran en trámite", concluyó.