Detectan irregularidades en diseños para ampliación de la avenida Ambalá, en el gobierno de Jaramillo

La Contraloría de Ibagué halló varias irregularidades en la firma y ejecución del contrato 266 de septiembre de 2019 cuyo objeto era la formulación de los estudios y diseños para la ampliación de la avenida Ambalá.

Dicho contrato fue suscrito por la Secretaría de Infraestructura con la firma Ingenieros Consultores & CIA cuyo representante es Pablo Emilio Bocarejo. El plazo de ejecución era de tres meses y el valor inicial de la inversión de $ 343.033.658.

Sin embargo, el órgano de control fiscal determinó que hubo una falta al principio de planeación por parte de la Alcaldía de Ibagué, al no contratar la interventoría técnica. La Administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo (2016 -2019) solo designó como supervisor a Crisanto Barrera Agudelo.

Esto llevó a que el actual supervisor de dicho contrato Diego Herrán Triana denunciara una serie de inconsistencias con respecto a la calidad de la información entregada y en las cantidades con respecto a lo pagado.

Entre las irregularidades se detalla que la Alcaldía pagó actividades de topografía sin que se haya hecho entrega total de los documentos. Tampoco reposan los documentos soportes como el estudio de tránsito y el diseño geométrico.

Además, se cuestiona cómo la supervisión aprobó documentos como los estudios de geología y geotecnia antes de la firma del acta de inicio.

También, que, dentro de las obligaciones el contratista debía hacer entrega de dos alternativas de diseño, aparentemente solo realizó una sola y no se hizo entrega de las memorias, presupuesto, precios unitarios, etc.

"Lo que se tiene es que la entidad contratante presuntamente incurre en el incumplimiento de los principios de la contratación, especialmente el de la planeación, al no haber establecido la supervisión y/o interventoría técnica lo cual está establecido en la Ley 80 de 1993, en su artículo 14", expuso la Contraloría.

La Alcaldía pagó en favor del contratista la suma de $197.930.421 que es objeto del presunto detrimento.