Denuncian sobrecostos y problemas en la construcción de la USI de Picaleña 

Presuntos cobros por $650.000 el metro cúbico de agua para la construcción de la Unidad de Salud del Sur de Picaleña, son algunas de las irregularidades que envuelven la ejecución de esta obra que tendrá una inversión de $3.399 millones.  

La denuncia hace parte del informe remitido por el director de interventoría, Víctor Lozano, quien fue desvinculado del proyecto esta semana, aparentemente al poner en conocimiento estas irregularidades.

En un documento enviado el pasado 20 de agosto al supervisor del contrato, Raúl Puentes Sánchez, se advierte de un desfase o sobrecosto de $77.839.000 por el cobro y uso del agua en la ejecución de la obra. 

De acuerdo con el informe, mientras el Ibal cobra el metro cúbico a $1.440 en el estrato cuatro, se pretende cobrar al municipio a $650.000 el mᶾ.

"El valor unitario del insumo de agua, es de $650 por litro, es decir $650.000 el metro cúbico. El Ibal cobra en el estrato cuatro, $1.140 por mᶾ. Este valor afecta a todas las actividades que utilizan agua: morteros, concretos, rellenos compactados, etc,", refiere el documento. 

Y se añade: "En el caso del concreto según la dosificación presentada en los análisis, el cemento vale $153.000, mientras que el agua vale $136.500 y el valor total de los materiales asciende a $395.700. Es decir, el precio del agua es el 34.5% del valor del concreto. Calculando las cantidades de concreto, mortero, agua para compactación de recebo tenemos un total de consumo de agua de 121.62 mᵌ, y si tomamos el valor del agua en $10.000 mᶾ, el desfase asciende a $77.839.000", denunció el exdirector de la interventoría . 

Otro de los aspectos que llama la atención es el precio del galón de pintura. Mientras el contratista estableció el valor del galón en $180.900, en el mercado una caneca por cinco galones (blanca) tiene un costo de $211.600. 

En el concreto para placa maciza, según el fabricante se deben utilizar 250 gramos de aditivo impermeabilizante por bulto de cemento y el kilogramo de aditivo vale $16.295, así el valor del aditivo sería de 4.200 por m de placa, en el APU, se utiliza como precio del aditivo $132.000, que para un área de 130.56 m² se tendría un sobrecosto de $16.685.568. 

Además, se cuestionan las cuadrillas a emplear en ciertas actividades. Para la construcción de los muros del sótano se emplearían cuatro cuadrillas para un total de 16 obreros. 

El contrato cuenta con 486 ítems los cuales para Lozano deben ser revisados, pues hay desfase muy marcados en el presupuesto. 

Dudas en la calidad en los trabajos 

El entonces Director de la Interventoría también cuestionó el recebo empleado para la fundición de las zapatas las cuales soportarán las columnas de la estructura.

Según el ingeniero, el recebo debe contar con índice de plasticidad del 6 %. Sin embargo, los estudios de laboratorio realizados  dieron un índice del 11 %, es decir, tiene más arcilla, más barro y pese a esto se fundieron 11 zapatas en estas condiciones. 

Así mismo, se ha fundido concreto en total oscuridad. Los hierros se encuentran a la intemperie por lo que se han oxidado, lo cual impide la adhesión óptima del concreto y la dureza. 

"El hierro debe quedar con el brillo comercial y está lleno de óxido y eso no lo limpian, así lo ponen", denunció el exdirector de la interventoría. 

Por otro lado, en la fundición de una de las zapatas, el constructor averió un pozo séptico de propiedad de la Policía Nacional.  En la imagen se ve que la obra se llenó de agua lo que habría impedido su endurecimiento.  

¿Quién aprobó los A.P.U.?

Los precios y los aparentes sobrecostos denunciados por el exdirector de la interventoría hacen parte de los Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.) presentados en la propuesta de la Unión Temporal Picaleña para la adjudicación del contrato. 

Según una fuente consultada por esta redacción, los (A.P.U.)  presentan grandes errores y es deber de la interventoría hacer que el contratista ajuste el presupuesto. 

"Lo lógico era haber revisado los A. P. U.  antes de la firma del contrato de obra, pues forman parte integral de este", señaló el experto quien optó por reservar su nombre. 

De acuerdo con el profesional, la Procuraduría debe hacer seguimiento a este contrato y velar por la correcta ejecución de los recursos. 

"El dueño del contrato"

La USI adjudicó el contrato a la Unión Temporal Picaleña de la que hacen parte la empresa Pigo, Ingenieros e Inversiones LTDA , Luis Carlos Rivera Gutiérrez y Orlando Contreras Barrientos. 

De Pigo Ingenieros hacen parte Juan Carlos Gómez Pérez y Piedad Pinzón, representante legal de la Unión Temporal. Esta firma se presentó como único oferente a la licitación para la construcción de BMX que tendrá una inversión de $8.253 millones. 

Gómez Pérez tiene un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría del Tolima, quien advirtió un presunto detrimento de más de $19.000.000 en la construcción del centro de bienestar del anciano en Cunday , ejecutado por este contratista en 2019.

Pero, aunque quienes aparecen legalemente son estas personas, quien realmente sería el "dueño" del contrato y el que da las órdenes sería el ingeniero Alejandro Méndez Ramírez. 

Coincidencialmente este profesional integró el Consorcio Salud y Vida, el cual 'pretendía' adjudicarse la obra para la construcción del centro hospitalario en Picaleña. 

Al proceso de la USI solo se presentaron dos proponentes: la Unión Temporal Picaleña y el Consorcio Salud y Vida, integrado por Juan Carlos Triana Castillo y Méndez Ramírez. 

Llama la atención que los únicos que presentaron manifestación de interés al proceso fueron:Juan Carlos Triana Castillo, Pigo Ingenieros, Alejandro Méndez Ramírez, Luis Carlos Rivera, Orlando Contreras y Fexxa. 

Esta última es representada por Luis Eduardo Bonilla, quien es socio con Contreras Barrientos en la ejecución de las obras de de adecuación del Panóptico y que superan los $1.500 millones.

Pero además, el ingeniero Alejandro Méndez Ramírez ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Contraloría del Tolima, pues se hallaron irregularidades en la interventoría realizada a los estudios y diseños para la construcción del hospital veterinario de la Universidad del Tolima en 2018.

Por esta razón, el órgano de control fiscal determinó un presunto detrimento de $15.752.800 y abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el profesional.

EL OLFATO ha podido establecer que Orlando Contreras Barrientos y Juan Carlos Gómez Pérez, a través de uniones temporales y consorcios, vienen acaparando millonarios contratos tanto en Infibagué, la USI, el Ibal y probablemente en el Imdri con la construcción de los escenarios deportivos. 

Esta redacción se intentó comunicar en tres oportunidades con el gerente de la USI, Carlos Armando Cuéllar, sin éxito.