
Denuncia de EL OLFATO provoca investigación por el puente fantasma del hurtadismo
La Procuraduría encontró méritos para procesar a la cúpula de la Secretaría de Infraestructura del gobierno de Andrés Hurtado.

Escrito por: Luis Eduardo González
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Una denuncia publicada por EL OLFATO, en julio del año pasado, provocó una investigación de la Procuraduría General de la Nación contra la cúpula de la Secretaría de Infraestructura de Ibagué, durante la administración del ingeniero Andrés Hurtado. (Ver: No hubo puente de la 60, pero la interventoría se embolsilló casi $2.000 millones)
El Ministerio Público encontró méritos para procesar a cuatro exfuncionarios, todos vinculados en la nueva administración de Johana Aranda, por haber permitido presuntos pagos indebidos a la empresa encargada de la interventoría del puente fantasma de la calle 60, el último proyecto fallido del ‘hurtadismo’.
Los investigados son: Sharon Dayana Guzmán González, exsecretaria de Infraestructura; Leonel Alfredo Nieto Suárez, supervisor del contrato de la 60; Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, funcionario de esa cartera, y el cuestionado ingeniero Diego Herrán, conocido por su enorme poder en el hurtadismo y considerado el presunto ‘Orlando Arciniegas’ de esa organización política.
Los cuatro alfiles del exalcalde Andrés Hurtado se habrían puesto de acuerdo para modificar indebidamente la forma de pago el consorcio Conexión Vial 60, interventores del puente fantasma, para garantizar la sustracción de los recursos públicos sin haberse ejecutado la obra, como lo denunció EL OLFATO.
Según la investigación de esta redacción, la señora Sharon Guzmán, quien hizo parte del SEPT en el 2024, modificó la forma de pago para desembolsar el 85% por ciento del valor del contrato, es decir: 1.928’416.030, cuando la ejecución del proyecto apenas alcanzó el 5,67 %.
Originalmente, desde los pliegos de la licitación, se definió que el interventor recibiría pagos, según el avance de la obra. Pero, cuando se dieron cuenta que no habría puente, cambiaron la modalidad para realizar giros mensuales, independiente de si se hacía o no el puente.
“La secretaría de Infraestructura habría modificado la forma de pago plasmada en el contrato original violando lo dispuesto en los pliegos de condiciones, y si a pesar de incumplir los términos de ejecución, se habría cancelado al contratista el 85 % del valor total del bilateral, sin tener el recibido a satisfacción dado que la obra solo habría avanzado un 5,67 %”, explicó la Procuraduría.
Además, el ente de control busca establecer si se omitió la publicación de las actas y documentos de pago en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP); así como supuestas irregularidades en los informes requeridos para tramitar los pagos acordados.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares y para definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Asimismo, informó a los sujetos procesales los beneficios de la confesión o aceptación de cargos.
Finalmente, la Entidad comunicó la presente decisión al personero de Ibagué y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la alcaldía municipal, con la advertencia de que deberán abstenerse de abrir investigación por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente, y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría.
Debido a este tipo de denuncias, al parecer, desde la cúpula de esta organización política inició una campaña digital de desprestigio en contra de EL OLFATO, precisamente porque en estos cinco años hemos puesto en evidencia las estrategias para sustraer recursos de las arcas del Municipio de Ibagué.
El domingo esta casa editorial hará un pronunciamiento público al respecto.