Cuestionan contrato con la Gestora Urbana para realizar diseños de acueductos en Ibagué
Varios cuestionamientos genera el contrato interadministrativo 1951 suscrito entre la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo con la Gestora Urbana para la realización de los estudios y diseños para la adecuación y construcción de obras de acueducto.
Su objeto es contratar "la consultoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la realización de los estudios y diseños de sistemas de acueductos comunitarios de Ibagué en cumplimiento a fallos judiciales". El valor del contrato es por $514 millones con un plazo de ejecución de cinco meses.
Dentro de las obligaciones, la Gestora deberá hacer entrega del catastro de usuarios, redes de acueducto, permisos de servidumbres, diseños estructurales de bocatomas, plantas de tratamiento, desarenadores, levantamientos topográficos de los predios y los presupuestos de obra para la construcción en los corregimientos de Villarrestrepo, La Flor, La Unión, Briceño y Curalito. (Ver: Juez impuso multa al alcalde de Ibagué por no garantizar suministro de agua potable a población rural)
Pero para el exconcejal, excandidato a la Alcaldía de Ibagué y abogado, Camilo Delgado, se debe cuestionar la idoneidad y experiencia del banco de tierras en la elaboración de estudios para acueductos.
"¿Realmente tiene la experiencia técnica, operativa y administrativa, para hacer este tipo de estudios? Yo creería que no, y lo que harán ellos es subcontratar. Es una buena jugada para sacar de un bolsillo a otro y para que ellos a su vez a través de su régimen especial, subcontraten con otra persona, porque ellos no tienen la experiencia para hacer esos estudios y diseños para acueductos complementarios", advirtió Delgado.
De acuerdo con el excabildante, por el régimen especial de contratación de la Gestora es probable que contraten con los que “ellos quieran”, es decir, ‘a dedo’.
Además, recordó los graves problemas de acueducto y de redes que registró la construcción de las viviendas de la urbanización Villas de Gualará en 2011, proyecto que asumió la Gestora Urbana. La Contraloría estableció hallazgos fiscales por $300 millones.
Legalidad
El decreto 175 de 2002 por medio del cual de crea la Gestora Urbana establece como su actividad principal “desarrollar las funciones de Banco Inmobiliario, actuar como promotora de vivienda de interés social, promotora de espacio público, promotora inmobiliaria y promotora de proyectos especiales”.
Para el exconcejal Camilo Delgado, como el objeto es bastante amplio lo podría ejecutar, pero sigue en vilo su experiencia.
¿Pero por qué no contratar con el Ibal?
Pese a que la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) ha sido vinculada por orden judicial como entidad responsable de garantizar el suministro de agua potable a las comunidades que ser surten de acueductos comunitarios y cuenta con personal operativo para ejecutar este tipo de contratos, la Secretaría de Ambiente optó por dejar en manos de la Gestora el proceso.
EL OLFATO se comunicó con el vocero de esta cartera, César Gutiérrez, quien argumentó que la decisión de no firmar el contrato con la empresa de acueducto obedeció a que no ofrecen el servicio.
“Ellos se encargan de la ejecución más no de los estudios. Ellos no nos ofrecían esos servicios, ellos nos ofrecen el servicio de ejecución”, se excusó el funcionario.
Además, a la Gestora Urbana tiene más facilidades para contratar personal
“Ellos inicialmente con el personal que tienen lo pueden hacer, pero de ser necesario pueden contratar más fácil de lo que podamos hacer nosotros”, concluyó.
El gerente del banco de tierras Didier Blanco, guardó silicencio al ser cuestionado sobre la experiencia de la entidad en la ejecución de este tipo de contratos.