Contratos para pagar favores políticos en Ibagué cuestan más de $150 mil millones

La Alcaldía de Ibagué, bajo el mando de Johana Aranda, estaría utilizando recursos públicos para sostener una red de contratistas y arrendamientos que, según denuncias del concejal Jorge Bolívar, responden a una estrategia de pago de favores políticos y al presunto enriquecimiento de particulares afines al poder local.

En el 2024, la Administración firmó más de 3.600 contratos de prestación de servicios, con una inversión que supera los $140 mil millones, muchos de ellos –según Bolívar– adjudicados a personas cercanas al proyecto político de la mandataria y su mentor, el exalcalde Andrés Hurtado.

“Estamos muy preocupados. Más de $300 mil millones han sido usados para pagar favores políticos y contratar personal, incluso de otros municipios”, señaló el cabildante.

Según Bolívar, por lo menos el 30 % de los contratistas de prestación de servicios llevaron provenientes de otros municipios del Tolima, aparentemente, para garantizar el crecimiento electoral de Andrés Hurtado en esas poblaciones.

Ese personal llegó principalmente de: Lérida, el municipio donde nació Hurtado; El Espinal, Venadillo y San Antonio.

Pero el gasto en contratación no termina ahí. Un segundo componente de esta estrategia, ya denunciado por EL OLFATO en noviembre de 2024, es el alquiler masivo de casas y oficinas privadas para ubicar oficinas públicas, sin procesos competitivos claros ni criterios de selección transparentes. (Ver: La fórmula del 'hurtadismo' para sustraer $30.000 millones de la Alcaldía de Ibagué)

El negocio del arrendamiento

Según información oficial, la Alcaldía mantiene actualmente más de 30 contratos de arrendamiento con distintos propietarios, por un valor superior a los $10.955 millones.

Casos como el del Hotel Dulima S.A.S., que arrienda a la Secretaría de Hacienda por $2.153 millones, o Asia Agro Colombia S.A.S., que alquila para la Secretaría de Salud por $1.229 millones, evidencian los altos costos de esta práctica.

Esta estrategia, sin mayor control público, permite la circulación de recursos a privados bajo el argumento de "necesidades logísticas", pero termina favoreciendo a un pequeño grupo de arrendadores —algunos con vínculos políticos o contractuales con la Administración— y dejando dudas sobre el uso racional del dinero público.

El problema no es nuevo, pero se ha desbordado en los últimos años. Durante el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo (2016–2019), la Alcaldía arrendó 13 inmuebles por $1.747 millones.

Sin embargo, con la llegada de Andrés Hurtado al poder, el gasto se multiplicó. Entre 2020 y 2023, su gobierno firmó contratos de arrendamiento por $24.329 millones, distribuidos en 127 inmuebles, es decir, un aumento del 1.292,6% con respecto al periodo anterior.

“Esta es una forma de 'aceitar' políticamente a contratistas, operadores logísticos y financiadores de campañas”, dijo una fuente reservada de la oposición, que pidió mantener su nombre en reserva.

Ahora, con Johana Aranda como alcaldesa —quien llegó al cargo con el respaldo directo de Hurtado—, las alarmas vuelven a encenderse: la ciudad no solo enfrenta desafíos estructurales en salud, seguridad y movilidad, sino que también ve cómo el erario se diluye en contratos cuestionables y arriendos costosos.

Pese a los múltiples llamados a la transparencia, la Alcaldía no ha entregado explicaciones públicas sobre los criterios usados para seleccionar los inmuebles, ni sobre los procesos mediante los cuales se definen los valores de cada arriendo. Tampoco se conocen auditorías recientes que validen la idoneidad o la necesidad real de cada sede arrendada.

Estas denuncias fueron hechas por el concejal Bolívar durante un debate de control político a la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué.