La Contraloría Municipal de Ibagué confirmó que tras la denuncia interpuesta por el concejal Jorge Bolívar el pasado 13 de enero de 2025, se identificaron 14 hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal en el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de la ciudad. El informe final fue emitido luego de una actuación especial de fiscalización adelantada por el equipo auditor del ente de control.
Según el documento, el SETP aumentó en más del 58% la contratación por prestación de servicios entre 2023 y 2024, alcanzando los $2.636 millones, frente a los $1.512 millones del año anterior. En el análisis se evidenciaron múltiples irregularidades, entre ellas:
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Contratos sin afiliación a la ARL.
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Débil justificación de honorarios y necesidad de los contratos.
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Incumplimiento de los objetos contractuales.
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Falta de supervisión y control en pagos.
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Incongruencias en la experiencia acreditada por los contratistas.
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Omisión de publicación en SECOP I, SECOP II y SIA Observa.
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Estos hechos derivaron en un presunto detrimento patrimonial por $156.327.918, cifra que fue remitida a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para el inicio del trámite correspondiente. Los hallazgos con incidencia disciplinaria y penal también fueron trasladados a las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la Nación.
El SETP no avanza: solo 10% de ejecución
El informe también concluye que el avance físico del proyecto SETP apenas alcanza el 10%, con un incumplimiento del 60% en los ítems establecidos en el CONPES 4017 de 2020. Entre las obras críticas que están atrasadas o suspendidas se destacan:
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Infraestructura vial inconclusa en la Carrera 5ª y la Avenida Jordán.
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Paraderos sin instalar, aunque su ejecución estaba prevista para 2023.
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Suspensión de obras en el centro de la ciudad.
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Fallas en la implementación de los sistemas de recaudo, control de flota e información al usuario.
La Contraloría advirtió que estos incumplimientos afectan directamente el derecho a la movilidad de los ciudadanos y comprometen la finalidad del proyecto de transporte estratégico.
Finalmente, el ente aclaró que su competencia se limita a los recursos de origen municipal, mientras que los fondos de carácter nacional administrados por el SETP están bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República.
Con este informe, se confirma lo advertido por el concejal Bolívar: el SETP no solo presenta retrasos preocupantes, sino que también podría estar incurriendo en malas prácticas administrativas que comprometen recursos públicos fundamentales para la ciudad.