Contraloría comprobó irregularidades en contratos de arrendamientos en la Gestora durante el gobierno de Jaramillo

La Contraloría de Ibagué determinó que sí existió irregularidades en el arrendamiento de seis inmuebles por parte de la exgerente de la Gestora Urbana Sandra Milena Quijano y que favorecieron con irrisorios valores a particulares. (Ver: Gobierno de Jaramillo habría favorecido a particulares con irrisorios contratos de arrendamientos)

El órgano de control fiscal estableció un posible detrimento por la suma de $211.539.789 al tomar como base el valor del avalúo catastral de cada inmueble.

Según el órgano de control fiscal, mientras el predio ubicado en la carrera Sexta No. 44 - 06, en el barrio Piedra Pintada se le fijó el canon de arrendamiento en $150.000 mensuales, el valor real obedecía a $4.400.982.

Sin embargo, la Contraloría redujo la cuantía del posible detrimento a $13.62.533, pues 5 de los particulares beneficiados solicitaron la terminación anticipada del contrato.

Entre ellos, Yesid Vega Rincón, quien fue el favorecido con el arrendamiento del lote en el barrio Piedra Pintada que cuenta con una extensión de 763 metros cuadrados y fue empleado como parqueadero.

Vega Rincón pagaría al Municipio $150.000 mensuales por los próximos 10 años. (Ver: Bienes oficiales de Ibagué se usaron para pagar favores políticos en el gobierno de Jaramillo)

No obstante, como lo reveló EL OLFATO Quijano y Vega Rincón laboraron juntos en 2017. El contrato fue suscrito por la exgerente de la Gestora Urbana como gerente de la empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Líbano (Emser) y la empresa Viaja Tour, cuyo representante legal era el empresario.

La Contraloría también determinó que Quijano suscribió estos contratos con un valor “inapropiado” sin contar con la aprobación del jefe de Planeación y la Oficina Jurídica de la Gestora Urbana.

“La Gestora Urbana  de lbagué no desvirtuó los cargos relacionados en el informe técnico, razón por la cual se ratifica el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por la suma  $13.623.553, esto es de acuerdo a la nueva liquidación, advirtiendo que de todas maneras la presunta celebración de los contratos en forma indebida permanece en cabeza de los que lo suscribieron y sobre ellos se trasladará a las autoridades competentes para lo correspondiente”, concluyó el órgano de control. .