Contraloría advierte irregularidades por cerca de $1.000 millones en Acueducto Complementario de Ibagué
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Como resultado de una actuación especial, la Contraloría de Ibagué evidenció dos posibles irregularidades de tipo fiscal por más de $958 millones en los contratos que ha suscrito el Ibal para las obras del Acueducto Complementario. (Ver: Nuevo inconveniente retrasará obra del Acueducto Complementario)
Uno de los hallazgos alcanza los $404.497.528, y tiene que ver con el contrato de obra 144 del 12 de octubre de 2022, con el que se espera poner en funcionamiento el proyecto desde la bocatoma Cocora hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de La Pola y que actualmente está en ejecución.
Según el ente de control, la supervisión, interventoría y contratista de obra del contrato habrían autorizado el pago de un ítem no previsto de una tubería sin la respectiva justificación técnica, pese a que el estudio de consultoría ya dejaba claro el material y la referencia que debía ser usada.
"El contratista debió suministrar los elementos indicados en el contrato de obra 144 de 2022 sin generar mayores costos al Ibal", dijo la entidad.
El contrato 144 de 2022 fue suscrito por $25.040 millones con el consorcio Cocora Ibaltol, representado legalmente por Luis Egimio Barón Vargas.
El otro hallazgo es por $554.361.155 y tiene que ver con la no utilización del material suministrado, en este caso en el contrato 202 de 2017, suscrito en el gobierno anterior.
Este contrato fue firmado con el Consorcio Acueducto Ibagué 2017, inicialmente por $12.403 millones; sin embargo en adiciones se llegó a un 50% del valor total del contrato. (Ver: Contrato de la fase II del acueducto complementario requiere $12.403 millones adicionales)
"El equipo auditor en mesa de trabajó indagó al sujeto de control respecto a donde se utilizará la tubería GRP suministrada a través del Contrato No. 202 de 2017, dentro de lo allegado y contestado por el Ibal no se encuentra lo solicitado", refirió la Contraloría Municipal.
El ente de control además encontró varias anomalías de tipo administrativo que tiene que ver con la violación al principio de planeación y falta de vigilancia en los contratos, además de posibles ejecuciones de obras sin los permisos requeridos.
