Con tutela logran que colegio de Ibagué garantice espacios incluyentes

Un juzgado de Ibagué tuteló el derecho a  la igualdad de un menor de edad de seis años que estudia en la I.E. Normal Superior y ordenó, en un plazo de cuatro meses, los espacios al interior del colegio para personas con movilidad reducida.

La decisión que recae sobre la institución y la Secretaría de Educación Municipal surgió del caso de un niño que sintió vulnerado sus derechos porque la infraestructura no brinda las condiciones de desplazamiento ni tampoco tiene unidades sanitarias acordes a sus necesidades.

La acción jurídica fue promovida por la Personería Municipal y busca proteger los derechos del niño que actualmente cursa primero de primaria y padece una discapacidad física diagnosticada como artrogriposis múltiple congénita.

Debido a su condición requiere de una silla de ruedas eléctrica, sin embargo, sus recorridos al interior de la institución se están viendo limitados porque en los puntos de acceso a las diferentes áreas de la institución no cuentan con rampas.

En el colegio “no existe un baño con el espacio y características que permita el uso adecuado por parte del estudainte lo que según, informa la madre del menor ha generado que cuando necesita realizar sus actividades fisiológicas debe utilizar el baño de profesores”, se describe en el oficio del Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Conocimiento.

El despacho llamó al rector de la I.E. Normal Superior quien  respondió que se le entregó el cupo al niño pese a que se era consciente que las instalaciones no son adecuadas para personas con movilidad reducida.

Asimismo, reconoció que no se cuenta con recursos para adecuar los espacios.

Y precisa “aunado a lo anterior el (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa ) FFIE no previó de estos acontecimientos, a pesar de que por parte de la institución educativa fue informado a través de oficio”.

Por su parte, la secretaria de Educación de Ibagué, María Isabel Peña, manifestó que no se está poniendo en peligro los derechos fundamentales a la educación ni a la salud, pues el menor se encuentra matriculado y recibiendo clases.

Agregó, que el rector puso en conocimiento el caso por lo que se proyectó cubrir dicha necesidad en el presente año fiscal y precisó “teniendo en cuenta que, actualmente se está consolidando el proceso de matrículas, tenemos que para abril serán transferidos los recursos por parte de la Secretaría a la Institución para la realización de las obras necesarias”.

Una vez analizado el caso, el Juzgado tuteló el derecho fundamental a la igualdad que fue alegado por la personera Francy Johana Ardila en calidad de agente oficiosa del menor en contra del FFIE, la Secretaría de Educación, la I.E. Normal Superior y la Alcaldía de Ibagué.

Asimismo, otorgó un plazo de cuatro meses para que la Normal Superior y la Secretaría adelanten las gestiones administrativas respectivas para solucionar la problemática que puede beneficiar a otros menores que cuenten con algún tipo de discapacidad.