Comunidad del colegio Alberto Castilla pide medidas de seguridad

Los estudiantes, padres de familia, directivos y docentes de la sede primaria del Colegio Alberto Castilla, están preocupados por la seguridad del plantel educativo tras la demolición del muro. Lo anterior, debido a que se han estado presentado hurtos y es muy fácil que alguien externo a la institución ingrese en cualquier momento.

Debido a su antigüedad y mal estado, el muro fue derribado desde finales del mes de julio para desarrollar la respectiva reconstrucción. Sin embargo, tras la demolición solo se instaló una polisombra para remplazar el muro de 3 metros de alto y aproximadamente 32 metros de largo.

Esta situación ha permitido que se presenten hurtos de diferentes elementos de la institución, en especial, durante las noches de los fines de semana.

“Solo hay dos obreros y la obra requiere más personal para minimizar el tiempo y el riesgo de exposición”, dio a conocer Javier Florido, rector del colegio.

Tras varias solicitudes, la Secretaría de Educación propuso una solución que involucraba la contratación de un celador a través de un acuerdo de horas extras.

“Se nos ofreció la opción de conseguir a alguien que ya estuviera trabajando dentro de la Secretaría de Educación, que no estuviera haciendo horas extras, para que nos ayudara cuidando la escuela durante los fines de semana y festivos. Sin embargo, es la Secretaría quien tiene acceso a esa información, y hasta la fecha, no nos han enviado a nadie”, señaló Selene Prado, coordinadora de la institución.

Según Prado, la falta de seguridad no solo ha generado pérdidas materiales para la institución, sino que también ha retrasado el avance de la reconstrucción del muro, ya que el ingeniero encargado les manifestó que no puede traer el material necesario para continuar con la obra porque no hay garantías de seguridad para almacenarlo en la institución.

Por su parte, la Alcaldía de Ibagué emitió un comunicado en el que asegura que se están adelantando las obras de reconstrucción del muro con recursos superiores a los 35 millones de pesos y que han dispuesto de personal adicional para las labores de portería mientras culmina la obra.

No obstante, la comunidad educativa sigue a la espera del personal adicional para reforzar la seguridad, y piden respuestas más efectivas por parte de las autoridades locales para evitar que la situación siga empeorando.