Centro Regional de Atención a las Víctimas sigue sin futuro a la vista

El Centro Regional de Atención a las Víctimas, CRAVIC, está cada vez más lejos de ser una realidad, pues a pesar de que las labores de construcción iniciaron hace cuatro años, hoy no se cuenta con los recursos necesarios para retomar la obra y terminarla.

De acuerdo con Óscar Huertas, secretario de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, la Unidad Nacional de Víctimas solicitó, tras la finalización del convenio con la Alcaldía, los dineros aportados debido al fracaso de este proyecto.

Situación que dejó la iniciativa desfinanciada y sin viabilidad a corto y mediano plazo, puesto que, conforme a lo establecido, la Unidad de Víctimas aportaría $1.791 millones y el municipio otros $1.115 millones. 

“No obstante, hemos manifestado nuestro interés de retomar el proyecto, y estamos a la espera de que nos confirmen el apoyo para plantearlo nuevamente y llevarlo a la realidad”, aseguró el funcionario.

Entretanto, las víctimas deberán esperar otro largo proceso para que el Gobierno Nacional asigne nuevamente recursos, con la esperanza de que estos sean suficientes para concretar la obra.

Y es que, según reveló en su momento Camilo Andrés Martínez, exsecretario de Desarrollo Social, para sacar adelante el CRAVIC se requiere la misma inversión ($2.906.801.604), más la cotización a precios actualizados.

Sin embargo, la Administración Hurtado tiene los días contados y los procesos para apropiar los recursos, hasta ahora van en mesas de trabajo.

A lo anterior, se suma el ‘enredo’ jurídico en el que vendría trabajando la Alcaldía para liquidar los contratos derivados del convenio, sin la pérdida de los recursos asignados.

El nulo avance

Por su parte, fueron varios los problemas del proyecto que, incluso desde su comienzo, imposibilitaron la culminación del mismo. 

Entre ellos se encuentran los inconvenientes con la titularidad del predio, un supuesto uso indebido del suelo, los retrasos del contratista que hicieron que la obra no superara el 24% y los problemas de infraestructura de lo poco construido, lo cual amerita su demolición.

Mientras tanto, los directos afectados son las más de 70.000 víctimas del conflicto armado que residen en el Tolima y que, de momento, deberán seguir esperando por este espacio.